Por aumentar la tasa municipal un 30 %
Confirmaron el procesamiento contra el intendente de Tostado
La Cámara Penal de Rafaela sostuvo que los funcionarios Enrique Fedele y José Luis Hernández incurrieron en el presunto delito de “exacciones ilegales”.
El intendente de la ciudad de Tostado, Enrique Fedele, está actualmente involucrado en una investigación por irregularidades en la administración de los comedores comunitarios. Foto: Agencia Tostado
Juliano Salierno
Los jueces miembros de la Cámara de Apelación Penal de Rafaela, Juan Manuel Oliva, Hugo Degiovanni y Rodolfo Roulet, confirmaron de manera unánime el procesamiento por el presunto delito de “exacciones ilegales” contra el intendente de la ciudad de Tostado, Enrique Fedele y su ex secretario de Hacienda y Finanzas, José Luis Hernández.
Tal como estableció la Justicia -en grado probable- ambos “dispusieron el cobro a los vecinos de un aumento del 30 % de la Tasa General de Inmuebles, a partir de enero de 2008 y hasta abril del mismo año, sin que existiera una Ordenanza del Consejo Municipal que diera respaldo normativo a dicho aumento”, sostuvo el tribunal de Alzada.
La resolución dictada el 23 de agosto pasado tiene su origen en una denuncia formulada por los concejales opositores, Alfredo Giromini y Nora Frasinelli, quienes recurrieron al fiscal José Antonio Mántaras el 5 de junio de 2008. El representante del Ministerio Público Fiscal en el Distrito Nº 15 formuló un requerimiento de instrucción para que se investigue la comisión del ilícito por parte de los responsables del Departamento Ejecutivo Municipal.
Tierra de escándalos
Casi un año después de motorizada la investigación, el 5 de mayo de 2009, Fedele y dos funcionarios municipales más, prestaron declaración indagatoria en los tribunales del departamento 9 de Julio. El tercer implicado era el responsable del área de Servicios Públicos de la Municipalidad, Adrián Serramona, quien el año pasado se suicidó de un disparo en el marco de un allanamiento en su casa.
En ese entonces Tostado no tenía juez de Instrucción, a raíz del apartamiento del cargo de Julio César Clementín, que se vio envuelto en un escándalo por la denuncia de tres mujeres a las que supuestamente les había pedido “favores sexuales” a cambio de arreglar algunas causas que estaban en su juzgado.
El encargado de diligenciar el requerimiento de instrucción del fiscal Mántaras fue el juez del fuero Civil y Comercial, Rubén Ángel Cottet, que se encontraba subrogando el cargo.
Lo reemplazó en la función Manuel Elpidio Games, que como juez de Menores supo estar a cargo de todos los juzgados del Distrito, ya sea por vacantes, traslados o licencias de sus pares.
Cobraron por error
Tras una exhaustiva investigación y a instancias del fiscal que motorizó la producción de la prueba, el juez Games acabó por procesar a Fedele y Hernández el 10 de diciembre del año pasado.
El abogado defensor de los imputados, Miguel Ángel Frausin, apeló la medida incriminadora sosteniendo “que sus defendidos no abusaron de su cargo ni actuaron de manera dolosa, más allá de que pudieran haber cometido un error al cobrar el aumento” del 30 % de la Tasa.
Una vez en los tribunales de Rafaela, el expediente fue al fiscal de Cámaras Reynaldo Voglino, quien solicitó la “confirmación íntegra del procesamiento”, dado que “el accionar de los imputados no puede ampararse en la existencia de un error, sino que debe atribuirse a la voluntad de obrar arbitrariamente, violando las normas que rigen sus funciones”, consideró.
Si bien en segunda instancia “los imputados admitieron que estos cobros (aumento del 30 % de la Tasa) se llevaron a cabo y que nunca fueron devueltos a los contribuyentes”, la defensa pretendió ampararse en la Ordenanza Nº 1.782/2007 que fijaba el presupuesto de la ciudad para la administración 2008.
“Criterio bifronte”
En tal sentido, los camaristas consideraron que la defensa adoptó “un criterio bifronte”, ya que por un lado “sostiene que la Ordenanza Nº 1.782/2007 brindaba tal respaldo, mientras que por otro sugiere que el aumento fue avalado por el Consejo con posterioridad, a través de la Resolución Nº 187/2008”.
Lo cierto es que la Ordenanza Nº 1.782/2007, que fijara el Presupuesto de Tostado para el año 2008, no era el instrumento jurídico apto para aumentar la Tasa General de Inmuebles, según dictaminó la Dirección de Regiones, Municipios y Comunas de la Provincia de Santa Fe.
En definitiva, el aumento arbitrario de la Tasa General de Inmueble en un 30 % durante el período de enero a abril de 2008 nunca fue convalidado por el Concejo Municipal, y aunque finalmente lo aprobó el 8 de mayo de ese año, la Justicia entendió que al menos en grado de probabilidad, los funcionarios cometieron un acto ilícito.
Delito y pena.
Las exacciones ilegales son un delito contra la administración pública y “contemplan una pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, para el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden”, según reza el artículo Nº 266 del Código Penal Argentino.
Falta de mérito
Según informó la Oficina de Prensa de la Corte, la Cámara de Apelación Penal de Rafaela dictó otra resolución que interesa al intendente de Tostado Enrique Fedele y su ex secretario de Hacienda y Finanzas, José Luis Hernández. Los camaristas confirmaron la “falta de mérito” dictada por el juez Manuel Games sobre las acusaciones por “abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público”, dos figuras penales requeridas por el fiscal José Mántaras durante la instrucción, por “la venta de material ferroso en desuso perteneciente al Municipio de Tostado, sin anuencia del Concejo Municipal”.
La apelación hecha por el Ministerio Público en primera instancia no surtió efecto en la Cámara, a pesar de que el fiscal de Cámaras estuvo de acuerdo con la revocación del auto de falta de mérito que favorece a los imputados. Los camaristas confirman la resolución puesta en crisis, en cuanto que desincrimina con falta de mérito a Fedele y Hernández por esos hechos.
Vale aclarar que “la venta de material ferroso en desuso de propiedad de la Municipalidad de la ciudad de Tostado, aconteció y que como contraprestación ingresó a las arcas municipales la suma de diez mil pesos, que fueron luego destinadas al rubro contable de Rentas Generales”, indica la resolución judicial.
Comedores comunitarios
Fuentes tribunalicias indicaron que actualmente la Justicia Penal y el Ministerio Público Fiscal de Tostado se encuentran realizando investigaciones relacionadas a supuestas irregularidades cometidas en el área de Acción Social de la Municipalidad, por el manejo de los comedores comunitarios. Para los investigadores se habría comprobado que la cantidad de alimentados que se denuncia excede notablemente la cantidad constatada judicialmente. Además se investiga el destino de prácticamente 13 toneladas de alimentos recibidos por la municipalidad provenientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en los meses de mayo y junio del corriente año.
