Por Papel Prensa

Denunciaron a Clarín y La Nación

Casi un mes después de la presentación del informe, el gobierno denunció penalmente a directivos de ambos medios por delitos “de lesa humanidad” contra los Graiver.

De la redacción de El Litoral

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DyN/Télam

Casi un mes después del informe de la presidenta Cristina Fernández sobre Papel Prensa, el gobierno presentó una denuncia penal en la Justicia para que se investigue si hubo crímenes de lesa humanidad de parte de funcionarios de la dictadura y de directivos de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, en el marco de la compra de acciones de esa compañía. Puntualmente, la presentación que realizó ayer la Secretaría de Derechos Humanos, constituida en parte querellante, reclamó al juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza, que investigue los delitos de “asociación ilícita calificada, extorsión, privación ilegal de la libertad calificada, torturas -en un caso seguidas de muerte- y vejaciones, todas estas conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad”.

En nombre del Estado, y con el patrocinio del Procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, el gobierno pidió las indagatorias del dictador Jorge Rafael Videla, del jerarca de la Marina y ex miembro de la junta militar, Emilio Eduardo Massera (declarado inhábil mental por la Justicia), del ex ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz y del ex secretario de Desarrollo Industrial, Raymundo Juan Pío Podestá, quienes habrían obligado a los integrantes del Grupo Graiver a transferir sus acciones a los tres diarios.

En el mismo escrito, Duhalde pidió que se cite como “partícipes necesarios de la maniobra a quienes resultaron beneficiarios de la misma, en tanto eran directivos de los mencionados periódicos y de Fapel SA”.

El texto menciona a los empresarios “Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Luis Mitre, Sergio José Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y Hugo Fernando Peralta Ramos”, pero añade también los nombres de “Manuel Campos Carlés y Patricio Peralta Ramos”, tras aclarar que “estos dos están -según las informaciones que circulan- ya fallecidos”.

200 páginas

Según la denuncia, “los imputados contaban con la aquiescencia y aceptación por parte de la cúpula del terrorismo de Estado -las máximas autoridades del país- y se aseguraban de aquel modo la impunidad de su accionar”.

“Todo esto, con total independencia de los móviles que acompañaron aquellas conductas”, añadió el escrito. Además, se señaló que “los damnificados de las conductas referidas se encontraban en una total indefensión, al igual que todas las víctimas de la represión en la última dictadura cívico-militar”.

En un extenso escrito de unas 200 páginas, la secretaría que conduce Eduardo Luis Duhalde relató los tormentos sufridos por los integrantes del “Grupo Graiver” y advirtió que “estos hechos no pueden desagregarse de toda la “operación’ ” de Papel Prensa.

En esa hipótesis, el gobierno planteó que “obtenidas las firmas para la transferencia a precio vil del paquete, es decir logrado el objetivo de la extorsión orquestada por los diarios y sus representantes, el Grupo Graiver es mantenido en detención clandestina y torturado, con resultado de muerte en el caso de Jorge Rubinstein, mientras que los extorsionadores van dando los pasos necesarios para regularizar aparentemente las múltiples anomalías”.

“Falaz operación”

Los diarios Clarín y La Nación rechazaron hoy en duros términos la denuncia presentada por el gobierno y, tras negar nuevamente irregularidades, advirtieron que la actitud oficial entraña “un afán autoritario que violenta los principios jurídicos y las garantías constitucionales”.

La presentación del gobierno “sigue buscando criminalizar a directivos de Clarín y La Nación, ambos diarios accionistas de Papel Prensa”, dijeron en un comunicado los socios privados de esa compañía.

En ese marco, los diarios reiteraron que “pese a que la falaz operación oficial ha quedado desmentida por pruebas contundentes, el gobierno sigue insistiendo en mentir, reescribir la historia y manipular los derechos humanos como herramienta de persecución y represalia”. “Pretender vincular esa compra con un delito de lesa humanidad es una aberración moral y jurídica, carente de todo sustento fáctico”, sostuvieron.

Además, Clarín y La Nación advirtieron que “este nuevo paso ratifica las alertas institucionales que ambos diarios vienen sosteniendo respecto de la intención oficial de avanzar sobre aquellos medios que no se alinean con el discurso oficial”.

“El bastardeo de una causa como la de los Derechos Humanos -política de Estado que debiera ser preservada de intereses coyunturales- ha llegado con este caso a límites insospechados, por un afán autoritario que violenta los principios jurídicos y las garantías constitucionales”, aseveraron.

Clarín y La Nación volvieron a expresar que “tal como se ha señalado en reiteradas oportunidades, no hubo en la adquisición de Papel Prensa delito alguno. Jamás, en estos 27 años de democracia, se han formulado denuncias al respecto”.

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Es lo que dijimos que íbamos a hacer. Sobre el pasado actuará la Justicia. Sobre el futuro, el Congreso, en base al proyecto de ley del gobierno para Papel Prensa”.

Agustín Rossi,

jefe bloque diputados FPV