Se terminan los plazos constitucionales

Diputados debe cerrar el caso Agustín Bassó

No prosperará el pedido de juicio político al procurador general de la Corte que fue solicitado por el ex juez Fraticelli. Oficialismo y oposición pretenden tener un dictamen único para llevarlo mañana al recinto.

Mario Cáffaro

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La apertura de un juicio político al procurador general de la Corte Suprema de Justicia, Agustín Bassó, solicitado por el ex juez Carlos Fraticelli debe ser definido esta semana por la Cámara de Diputados debido al cumplimiento de los plazos constitucionales y nada parece indicar que prospere la iniciativa.

Los bloques justicialistas ya le han hecho saber al oficialismo que no hay causas para abrir la instancia solicitada por Fraticelli por lo que la Cámara no obtendrá los dos tercios necesarios para plantear el caso ante el Senado. Pero tampoco en el oficialismo hay un convencimiento unánime sobre su pertinencia. El arista Pablo Javkin es uno de los que sí entiende que existirían causas derivadas del expediente que tramita la Comisión de Juicio Político.

Precisamente, la Comisión de Juicio Político iniciaba poco después del mediodía la reunión final para considerar el expediente que deberá ser llevado mañana al recinto al vencerse el plazo de 90 días hábiles para tratar el pedido. Si bien la presentación de Fraticelli -patrocinado por Carlos Edwards- es del 9 de diciembre, los plazos empezaron a correr el 1º de mayo cuando se abrió el período ordinario de sesiones.

Hoy el expediente acumulado en la comisión tiene 450 fojas ya que a la denuncia original de Fraticelli se sumó una ampliatoria, el descargo llevado por escrito por el propio Bassó y una serie de trámites que siguieron a las presentaciones.

Observaciones

El socialista Raúl Lamberto es titular de la Comisión de Juicio Político y al ingresar a la reunión admitió la posibilidad de que haya un dictamen único siempre y cuando se acepten algunas observaciones sobre el accionar de Bassó que el oficialismo pretende que estén en el despacho.

Los miembros justicialistas de la comisión (Silvia De Césaris, Alejandra Vucasovich, Enrique Marín y Adrián Simil) ingresaron a la reunión con un borrador de rechazo al planteo de Fraticelli por entender que no hay motivo para abrir el juicio político. En el único punto que parecen existir coincidencias entre ambos sectores políticos es sobre las dudas no resueltas respecto de las condiciones del lugar donde estuvo detenido el ex juez en la alcaidía de Melincué. Las fotos aportadas por el denunciante -con él incluido en la toma- permiten decir que es inhabitable mientras que las entregadas por Bassó -sin personas incluidas- muestran una habitación con condiciones dignas. La controversia no la ha podido resolver la comisión, pero de todas maneras el episodio no tiene la entidad suficiente para un juicio político.

En el oficialismo también observa la discrecionalidad en la actuación de Bassó en determinadas causas pero también se quejan de la reticencia de la Corte Suprema de Justicia a la hora de hacerles llegar información requerida sobre determinados expedientes.

Lamberto integra el oficialismo en juicio político junto a Javkin, el también socialista Sergio Liberati, el radical Leonardo Simoniello y el demoprogresista Luis Alberto Mauri.

En la sesión de mañana, Diputados deberá considerar el o los dictámenes que hoy emita Juicio Político sabiendo que será desestimado el planteo. Otra posibilidad es girar directamente el expediente a archivo sin discutirse en el recinto como ocurrió el año pasado con un expediente que apuntaba a dos ministros de la Corte Suprema de Justicia.

Otra causa

Fraticelli imputa a Bassó “mal desempeño de sus funciones”, figura contemplada en el artículo 99 de la Constitución Provincial basándose en una serie de fundamentos y que no tienen que ver únicamente con la actuación como miembro del Ministerio Público durante la investigación de la muerte de Natalia, la hija del ex juez penal de Rufino y que le costara la destitución mediante un jury de enjuiciamiento.

Ya en marcha el período ordinario, hubo otro pedido de juicio político a Bassó presentado por un abogado rosarino -también patrocinado por Edwards- que no fue analizado a fondo aún por la comisión. En caso de no ser incluido en el dictamen a votarse mañana por Diputados, quedaría con posibilidades de ser debatido antes de que se cumplan los 90 días hábiles que establece la Constitución.

Juicio político

La Constitución de la provincia dedica la sección sexta a la figura del Juicio Político a la que pueden ser sometidos el gobernador, ministros, fiscal de Estado, miembros de la Corte y del Tribunal de Cuentas determinando que a Diputados “compete, a petición escrita y fundada de alguno de sus miembros o de cualquier habitante de la provincia, la facultad de acusar ante el Senado a los funcionarios anteriormente mencionados por mal desempeño de sus funciones, delito cometido en el ejercicio de éstas o crímenes comunes”.

Después, determinan que la acusación “no se hará sin previa averiguación de la verdad de los hechos por la comisión permanente respectiva” y fija el plazo de 90 días útiles para expedirse, caso contrario caducarán las actuaciones. También determina que

para suspender al funcionario y acusarlo ante el Senado necesita las dos terceras partes de sus miembros presentes.

Los otros artículos reglan la actuación del Senado y las mayorías necesarias que se requieren para declarar culpable al funcionario acusado.