La semana que viene seguirán las reuniones
El gobierno y la Corte ajustan los números del presupuesto
A paso firme y prudente. Los ministros de la Corte hicieron sus planteos al gobierno y se llevaron compromisos concretos. Foto: Mauricio Garín.
Hubo coincidencia en el análisis de las necesidades y la promesa oficial de prever los recursos necesarios. Se postergará la reforma penal y la Corte resolverá dónde se instalará el Centro de Justicia Penal en nuestra ciudad.
Emerio Agretti
La voluntad política de mejorar el Poder Judicial y el empeño en encontrar la manera de sustentarla económicamente, protagonizaron la reunión entre el gobierno y la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, donde las tiranteces cedieron a un intercambio con muchos más acuerdos que puntos de discordia. Y que permitieron que los integrantes del Alto Tribunal se retirasen de la Casa de Gobierno con el compromiso oficial de que habrá suficiente presupuesto para dar inicio en debida forma al nuevo sistema procesal penal, para atender la necesidad de cargos y juzgados que resultan de la creciente litigiosidad y para avanzar con el nuevo Centro de Justicia Penal, cuya radicación será definida por la propia Corte.
“Fue una reunión en principio positiva”, dijo a El Litoral el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, en viaje a Buenos Aires para firmar, junto con la ministra de la Corte nacional Carmen Argibay, un convenio de la Junta Federal para llevar a todas las provincias la capacitación en cuestiones de género.
Compromisos
Gutiérrez estableció que las demandas de presupuesto para la reforma penal -el reclamo más acuciante de la Corte- tuvo como respuesta el compromiso del Ejecutivo de prever los fondos suficientes, aunque no formen parte específicamente de las partidas del Poder Judicial. Por lo demás, el ministro de Justicia, Héctor Superti, confirmó que no habrá forma de habilitar a pleno la vigencia del nuevo Código en la fecha fijada del 1º de febrero, y dio cuenta de la intención del Ejecutivo de solicitar una nueva prórroga a la Legislatura.
Pero, sobre todo, el gobernador Hermes Binner asumió personalmente la responsabilidad de propiciar la creación de nuevos cargos, juzgados y cámaras de apelación en todos los fueros más exigidos por la litigiosidad; fundamentalmente el laboral y el contencioso administrativo. Al respecto, anticipó que la próxima semana habrá nuevos encuentros “para ir afinando el lápiz”: el lunes con Superti y con el ministro de Gobierno Antonio Bonfatti, y el martes con funcionarios de Economía, para establecer el estado del proceso de informatización del Poder Judicial, con créditos del Banco Mundial.
Pero la Corte también se llevó otra respuesta concreta, al menos a nivel de promesa: “El gobernador dijo que respetará lo que la Corte decida sobre el nuevo edificio para la Justicia penal y ya comprometió 12 millones de pesos para eso”, consignó Gutiérrez. Las opciones son llevar adelante una ampliación y reforma del actual edificio de Tribunales -para lo cual ya están expropiados los terrenos adjuntos- o erigir el edificio en otro lugar. Aunque todavía no hay una definición oficial, parte de las tiranteces pasaban por el hecho de que el gobierno se inclinaba por la segunda opción, y la Corte se aferraba a la primera, como derivación del concurso de proyectos que en su momento llevó a cabo.
Coherencia
Superti también coincidió en la valoración del encuentro y lo cifró en la “coherencia con nuestro criterio de que el presupuesto es el instrumento para respaldar económicamente las decisiones políticas. Y entre las decisiones políticas más importantes de este gobierno está la de fortalecer y mejorar el Poder Judicial”.
El ministro confirmó que las previsiones para la Justicia operarán en distintas áreas del prespuesto -en Obras Públicas para la construcción de los Centros de Justicia Penal, en Economía para los créditos para la informatización, en Justicia para el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio de Defensa- y que se atenderá la situación del fuero laboral y el contencioso administrativo.
También consideró que tendrán un impacto presupuestario la aplicación de la ley de mediación -aún pendiente de aprobación en el Senado- con la que se calcula reducir en un 30 % las causas que llegan a los tribunales.
“Aquí hubo un acto de sensatez y de análisis de las decisiones políticas. El año pasado creamos 14 juzgados y 400 cargos para el Poder Judicial, y los recursos para el año que viene van a ser suficientes para arrancar con todo lo que se necesita en el nuevo sistema procesal penal. Creemos que entre lo que hemos conversado y lo que se está previendo, avanzamos sensiblemente en mejorar el Poder Judicial”, concluyó.
Hemos precisado las necesidades del Poder Judicial y quedamos de acuerdo en la mayoría de las cosas”.
Rafael Gutiérrez,
presidente de la Corte.
Esta gestión tiene muy claro que se debe fortalecer y transformar el Poder Judicial, y el presupuesto le da soporte económico”.
Héctor Superti,
ministro de Justicia
Resta ajustar la cantidad de cargos requeridos. Después de esto, cerraremos el presupuesto del Poder Judicial”.
Ángel Sciara,
ministro de Economía.
Pasando en limpio
Presupuesto. Habrá recursos para el Poder Judicial, aunque no solamente en su propio presupuesto, sino en Obras Públicas, Economía y Justicia.
Reforma. El gobierno garantizó que habrá fondos suficientes para iniciar la aplicación del sistema penal acusatorio, aunque se correrá la fecha del 1º de febrero.
Edificio. La Corte resolverá dónde se construirán en Santa Fe las instalaciones del Centro de Justicia Penal.
Cargos. El Ejecutivo se comprometió a crear cargos y juzgados para atender la demanda de los fueros laboral y contencioso administrativo.
Reuniones. La Corte y el gobierno continuarán el trabajo conjunto para definir las necesidades y el presupuesto. Habrá nuevos encuentros el lunes y el martes.
