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Presentaron el proyecto de ley de Ética Pública

Compromiso político para avanzar hacia la transparencia del Estado

Compromiso político para avanzar hacia la transparencia del Estado

Los autores del proyecto de ley expusieron ayer los argumentos de la norma, en el recinto de la Cámara de Diputados. Foto: Flavio Raina

Los autores provienen de cuatro vertientes partidarias distintas. La iniciativa contempla una serie de prohibiciones e incompatibilidades para funcionarios de los tres poderes del Estado. Pretenden que sea de rápida aplicación.

 

De la redacción de El Litoral

politica@ellitoral.com

No recibir regalos y obsequios, no usar instalaciones del Estado en beneficio propio ni aprovechar información obtenida en el ejercicio de la función para cuestiones privadas, son algunas de las premisas estipuladas en el proyecto de ley de Ética Pública que ayer fue presentado en el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia. Los autores pertenecen a diferentes sectores políticos: Ricardo Spinozzi del PJ, Mónica Peralta del GEN, Pablo Javkin de la Coalición Cívica, y Clara García (concejal de Rosario) del Socialismo.

La iniciativa surgió a partir de la visita de estos dirigentes a Nueva Zelanda, organizada por Fundación RAP (Red de Acción Política), la Embajada de ese país en Argentina, y por la agencia de cooperación “NZAID”, con el fin de conocer el funcionamiento de los sistemas de gobernabilidad y de administración pública.

“Nos interesa una ley que pueda ponerse rápidamente en marcha. Tenemos la posibilidad de demostrarle a la ciudadanía santafesina que la madurez cívica es posible. Este proyecto de ley es un puntapié inicial para que luego puedan venir otros, como la ley de libre acceso a la información (ver aparte) o un proyecto de ley sobre declaraciones juradas”, dijo Spinozzi.

Javkin destacó que el proyecto pretende legislar sobre el conjunto de la administración, incluyendo los tres poderes del Estado. “Establece el deber para todos -sentenció-. Articula la ética pública en relación a la administración, y es un parámetro para el ámbito privado cuando intervienen con la cosa pública”.

Mónica Peralta y Clara García pusieron énfasis en destacar el trabajo conjunto y el acuerdo logrado entre los dirigentes, a pesar de que todos provienen de vertientes ideológicas y partidarias diferentes. “Trabajando esta ley hemos generado un compromiso con la cosa pública. Integrantes de cuatro partidos políticos distintos logramos pensar una lógica política diferente”, dijo Peralta.

También asistieron al acto el ministro de Justicia, Héctor Superti, en representación del gobernador; el presidente de la Fundación RAP, Alan Clutterbuck; y el embajador de Nueva Zelanda en la Argentina, Darryl John Dunn.

El proyecto

El proyecto de ley establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria.

Dispone que los funcionarios deberán “abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados”. Tampoco podrán usar las instalaciones y servicios del Estado Provincial para su beneficio particular.

Será incompatible con el ejercicio de la función pública “dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades”. Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios.

Los funcionarios públicos tampoco podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, en ocasión del desempeño de sus funciones. En el caso de que los obsequios sean de cortesía o de costumbre diplomática, la autoridad de aplicación reglamentará su registración y en qué casos y cómo deberán ser incorporados al patrimonio del Estado, para ser destinados a fines de salud, acción social y educación o al patrimonio histórico-cultural.

Una comisión

Según el texto presentado ayer, se creará una Comisión Provincial de Ética Pública, que funcionará como órgano independiente de los poderes estatales y actuará con autonomía funcional. Estará integrada por 5 miembros elegidos por concurso de oposición y antecedentes cuyo pliego será evaluado a la Legislatura. Estos miembros no podrán pertenecer al órgano que los designa y durarán cinco años en su función pudiendo ser reelegidos por un período.

Esta Comisión será la responsable de recibir las denuncias de personas o de entidades intermedias registradas legalmente, respecto de conductas de funcionarios o agentes de la administración contrarias a la ética pública. Las denuncias deberán ser acompañadas de la documentación y todo otro elemento probatorio que las fundamente.

El proyecto de ley ingresará a la Legislatura a través del Senado, y según sus autores, esperan que pueda ser tratado en el corto plazo.

Acceso a la información pública

El senador Ricardo Spinozzi confirmó ayer a El Litoral que su intención es reimpulsar la ley de libre acceso a la información pública, que por diferentes vaivenes legislativos durante los últimos años perdió estado parlamentario.

“Tendría que avanzar en esta charla con mis compañeros de bloque, pero en lo que a mí respecta como presidente de la bancada justicialista en el Senado y después de haber hablado con algunos de sus integrantes, la idea sería, no interesaría tanto quién es el padre de la criatura, pero ver si entre los diputados y senadores que estuvimos trabajando el tema podemos ponernos de acuerdo para tener, en el menor tiempo posible, una buena ley y que se pueda poner en marcha”, manifestó.

El legislador adelantó que su deseo es que antes de fin de año pueda haber ley de libre acceso a la información pública. “El año que viene, que será de una gran saturación desde lo electoral, por ahí se resiente el trabajo legislativo. Quizá podríamos aprovechar este año”, mencionó.

 

/// el dato

Sin fotos

El proyecto de ley establece que la publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, “no pudiendo constar en ella nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos”. Eso es exactamente lo que sucede actualmente a nivel nacional, cuando el gobierno promociona las obras públicas con mensajes acompañados por la foto de la presidenta Cristina Fernández.



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