La Justicia y las Ganancias
Hace bien el Estado en cobrar el impuesto a las Ganancias. Porque así está dispuesto por ley, porque es un gravamen progresivo que no ahoga la actividad antes de que ésta se inicie, y porque establece criterios de equidad al cobrar más sobre quien mejores beneficios verificados obtiene.
Pero la Argentina no es un país de cauces razonables. La Ganancia Presunta es una de las confesiones de parte del fracaso de todo gobierno nacional en materia fiscal; se da por descontado que la administración federal es incapaz, por acción u omisión, de controlar y cobrar Ganancias; el Poder Ejecutivo prefiere usar discrecionales y peligrosas suposiciones, para decidir a quién y cuánto cobrar.
La evasión existe y hay que combatirla. Pero no es la presidenta de la Nación, juzgando por Twitter antes que intervenga la Justicia, quien debe sentenciar a los supuestos evasores. En el Estado de Derecho, son delincuentes quienes por sentencia firme -y con todas las garantías del procedimiento- adquieren esa condición después de un juicio justo.
Combatir la evasión desde el Poder Ejecutivo reclama además la probidad de los funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Hay una razonable duda sobre quien hoy cumple esas funciones; en su paso por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, Ricardo Echegaray ordenó pagos de subsidios a un feed lot que funcionaba en un inmueble de su esposa y no estaba debidamente inscripto; ése es un caso que no se ha esclarecido.
El ataque a la ilegalidad fiscal, además, reclama coherencia. Durante los últimos dos años, la Casa Rosada se encarnizó con los productores rurales sosteniendo las retenciones a las exportaciones de granos; ahora descubre que hay una rémora especulativa de grandes firmas a la hora de hacer su contabilidad, y que eso impide al Tesoro recaudar lo que es justo por vía de Ganancias.
Actuó con injusta comodidad la administración central en esta materia. En el Congreso son sordos los cálculos de oficialistas y opositores que demuestran que cobrar Ganancias -las mayores están en la exportación y no en los ruralistas- es tan eficiente y más justo que las retenciones, que terminan asfixiando a los pequeños y medianos productores en favor de una fabulosa concentración.
Pero para eso hace falta eficiencia administrativa. Sin ella, la declamación política se vuelve una construcción forzada de la realidad, capaz de levantar una estructura que -menos tarde que temprano- la evidencia termina por derrumbar. Dicho en términos coloquiales: la mentira tiene patas cortas.
La historia del poder está plagada de fracasos de administradores que abusan de la imposición fiscal. Un estadista se reconoce por el contrario -entre otras cualidades-, como un eficiente recaudador y un justo administrador de los recursos públicos. Que para eso, y no para comisario a discreción, está el gobierno en un Estado de Derecho.
