EDITORIAL

Un fallo que refirma el papel institucional de la Suprema Corte

Luego de exaltar durante años la renovada Corte Suprema de Justicia, la actual presidenta y su marido dieron un brusco giro y trocaron el halago por denuestos.

La Corte, ayer admirada, se convirtió en muy poco tiempo en blanco de furibundos ataques verbales y amenazantes movilizaciones. Así, el mejor ejemplo del proclamado objetivo de mejoramiento de la calidad institucional mutó velozmente en una deleznable muestra de traición.

El secretario legal y técnico de la presidencia lo dijo con pocas y crudas palabras: “Pusimos la Corte para otra cosa”, en tanto Kirchner despotrica a diario contra las corporaciones -en especial la de los jueces- y Cristina, en tono zumbón, define a los fallos como propios de “una Justicia cautelar” que le hace el juego al monopolio Clarín. A su turno, Hebe de Bonafini aumentó la apuesta descalificatoria y los motejó de “turros y coimeros”.

Para el aglomerado gubernamental, la concesión por parte de los jueces federales de medidas orientadas a proteger derechos que afrontan el riesgo cierto de sufrir daños irreparables, se vincula con una trama conspirativa. En ningún momento, se plantean que los fallos judiciales se ajustan a derecho y no hacen otra cosa que otorgar las garantías de defensa establecidas en la Constitución. Lejos de cualquier sospecha de oscura conspiración, en general los decisorios se han limitado a aplicar la ley y a seguir la jurisprudencia. No hay ninguna sentencia sobre las cuestiones de fondo que se sustancian en distintos juzgados, sino medidas cautelares que operan hasta que aquéllas se decidan. La Corte, el tribunal supremo, ha validado la vigencia de la Ley de Servicios Audiovisuales, aunque siguiendo su propia jurisprudencia ha desestimado el recurso extraordinario que el gobierno interpusiera contra la medida cautelar que suspende los efectos de la cláusula de desinversión: el ya famoso Art. 161 de ese cuerpo normativo.

De manera que, frente a la profusión de ofensivos epítetos y a la movilización intimidante, la Corte procedió con serenidad, templanza y una decisión judicial que mereció el elogio técnico de los principales juristas argentinos. Por añadidura, la medida fue suscripta por unanimidad, lo que comporta un doble mensaje: hacia afuera, a los grupos de presión y sus conductas de apriete, les dijeron que esas prácticas no los conmueven; y hacia adentro, al cuerpo judicial de la Nación le transmitieron serenidad, convicción y firmeza respecto del papel institucional de la Justicia en un sistema republicano.

En su arrebato, los Kirchner han quedado nuevamente expuestos a la mirada pública, que reprueba una práctica política impregnada por el conflicto permanente, método que produce un insoportable estrés social. Ese cansancio popular les puede costar caro en el ya inminente año electoral.