La saga del 82 por ciento
La sanción legislativa y el inmediato veto presidencial del 82 por ciento para los jubilados ilustra sobre el caos conceptual y las rupturas políticas que caracterizan a este momento de la vida del país.
Medias verdades y ocultas intenciones impregnan esta discordia entre legisladores de la oposición y Poder Ejecutivo Nacional, donde los que pierden -como siempre- son los pasivos, al punto que lo único cierto de toda esta cuestión es la manipulación perversa de la situación de los jubilados.
En la cuenta de responsabilidades del gobierno nacional, hay que cargar al menos dos conductas graves. El primer lugar, la sistemática adulteración del índice del costo de vida sirve, entre otras cosas, para aplastar las actualizaciones jubilatorias. En segundo término, la falta de respuesta administrativa a los reclamos de los pasivos que se sienten damnificados ha producido una masiva judialización que abarrota los tribunales produciendo un virtual bloqueo. Esta situación beneficia financieramente al gobierno ya que las causas se resuelven por goteo.
La dimensión del problema es tal, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha solicitado la sanción de una ley que resuelva la situación de acuerdo con la jurisprudencia actual y, por lo tanto, brinde a los pasivos una respuesta acorde con sus expectativas de vida y, además, descomprima a los tribunales.
Pero la respuesta no llega porque el costo de esa ley afectaría las arcas estatales y, por consiguiente, la estrategia política del gobierno, determinada por las elecciones de 2011. Ésta es la brutal verdad que subyace hoy al tema jubilatorio.
Del lado de la oposición, cabe reconocer la intención de resolver un problema que, cuanto más demora, mayores sufrimientos y muertes representa para la clase pasiva. Pero en el planteo del 82 por ciento también hay una especulación: limitar los recursos del aparato estatal, ventaja con la que siempre cuentan los oficialismos en las contiendas electorales y que los Kirchner emplean sin el menor atisbo de rubor.
Entre tanto, la parte “sana” de la propuesta, que es la de acompañar la evolución de los sueldos de los activos, peca por exceso, porque hoy cualquier persona medianamente informada sabe que la ecuación entre aportantes y beneficiarios está rota, que el aumento del promedio de vida de las personas agrava ese desajuste, y que el altísimo nivel de empleo en negro agrega un nuevo factor de desequilibrio en las cuentas públicas. De modo que la cifra del 82 por ciento luce inviable, aunque ha tenido la virtud de poner sobre el tapete un problema serio que interpela la conciencia social. ¿Podemos seguir haciéndonos los tontos con las pasividades depreciadas y el cruel desentendimiento de los derechos y las necesidades de la vejez?, ¿se pueden admitir en la cresta del poder político perversas especulaciones que privilegian el manejo discrecional de los dineros públicos en desmedro de la dignidad de las precedentes generaciones de trabajadores?
