Transición congestionada
La reforma penal cargará con 624 mil causas remanentes
El abarrotamiento de expedientes comenzará a disminuir con el cambio de procedimientos. Discuten sobre la forma y los requerimientos para asumir el traspaso.
Foto: Archivo El Litoral
Son las que están actualmente sin resolver en los tribunales y a las cuales se deberá dar cauce con el nuevo sistema. La cifra seguirá en aumento hasta que se pase definitivamente al juicio oral.
Emerio Agretti
El cambio de sistema procesal penal encontrará a la provincia de Santa Fe con un cúmulo de causas penales sin resolver que, si se produjese en este momento, se situaría en el orden de las 624 mil. El ministerio de Justicia de la provincia considera que con los cargos judiciales recientemente creados y una temporaria reasignación de magistrados y recursos humanos, puede atenderse de manera razonable la transición. Los presidentes de las cámaras penales y la Procuración General, en tanto, estiman que son muy pocos los juzgados que podrán afectarse plenamente -o en una suerte de “doble rol” temporal- y que harán falta más designaciones.
El cambio definitivo del sistema inquisitivo al acusatorio, que tiene como principales características la oralidad del procedimiento y el rol determinante de los fiscales en el impulso y prosecución de las causas, debería producirse el 1º de febrero del año próximo, aunque ya es un hecho que habrá una nueva postergación. En cualquier caso, además de la demanda de infraestructura y recursos económicos, tecnológicos y humanos que requerirá la plena aplicación del nuevo Código Procesal Penal, habrá una etapa de transición durante la cual se deberá disponer de las causas remanentes del viejo sistema, al mismo tiempo que comienzan a tramitarse las que ingresen a partir de ese momento.
En este plano, la discusión ya no está dada solamente por cuánto personal y estructura edilicia serán necesarios para satisfacer las exigencias del procedimiento oral, sino también el porcentaje que deberá quedar afectado a lidiar con el remanente, antes de ir pasando paulatinamente al nuevo esquema.
Relevamiento
A los efectos de cuantificar la transición, en términos de causas remanentes y necesidad de recursos, los presidentes de las Cámaras penales, la Procuración General y la Corte llevaron a cabo un relevamiento distrito por distrito, y trataron la cuestión en una serie de reuniones conjuntas, y con el ministerio de Justicia.
De acuerdo a las fuentes consultadas por El Litoral, los camaristas coincidieron en general -con matices por circunscripción- en que, dado el volumen de causas existente, son muy pocos los recursos actuales que podrán ser liberados para afectarlos a las nuevas. Por lo cual en algunos casos se sugirió la asunción de un “doble rol” por parte de determinados magistrados -propuesta con la que no todos coinciden- y en muchos se reclamó la creación de nuevos juzgados o cobertura de vocalías, para poder integrar los tribunales orales que prevé la ley. También enfatizaron la necesidad de contar, desde un inicio, con una Oficina de Gestión Judicial en cada circunscripción y expresaron su preocupación por la alta cantidad de magistrados subrogantes, lo que complica realizar previsiones.
Al respecto, la opinión del ministro de Justicia, Héctor Superti, es que recién se podrán tener un panorama ajustado en cuanto a las proyecciones de instalación completa del nuevo sistema cuando se cuente con todos los nuevos funcionarios -en estos días se están concursando los cargos de fiscales y defensores. También considera que la organización de la conclusión de causas actualmente en curso no debería ser demasiado complicada, y que basta con los cargos recientes para satisfacer las necesidades.
Con estos resultados -y estas opiniones-, la comisión técnica dio por terminado su cometido. La discusión, a partir de ahora, se dará a nivel político, entre los principales representantes de los tres poderes del Estado.
