Consejo Consultivo
Advierte sobre trámites sospechosos de multas
Algunas localidades advierten que controlan la velocidad del tránsito; otras no.
Foto: Archivo/El Litoral
Entre las irregularidades detectadas, aparecen intimaciones libradas por estudios jurídicos con domicilio en la ciudad de Buenos Aires.
De la redacción de El Litoral
El Consejo Consultivo para el Crecimiento de Santa Fe analizó la aplicación de multas vinculadas con supuestas violaciones de tránsito por parte de algunas comunas. Sus miembros verificaron -además- el carácter irregular de varios de estos procedimientos y han recibido comunicaciones de personas residentes tanto en la provincia como fuera de ella en tal sentido.
El Consejo considera que dichas actividades parecen haberse convertido en mecanismos recaudatorios, relegando lo que debería ser prevención y cuidado en materia de seguridad vial.
Asimismo, consigna en los considerandos, que en varios casos se han librado intimaciones de pago por multas que se dicen aplicadas en procedimientos de los cuales no existe ninguna notificación previa que permitiera el derecho de defensa, cuya jerarquía constitucional es bien conocida.
En otros casos -continúa la comunicación del cuerpo- se suele intimar a pagar supuestas multas en domicilios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consignándose números telefónicos de esa misma ciudad ajena a la provincia de Santa Fe, en los cuales al llamar informan que corresponderían a un autodenominado “Estudio Integral Rojas”, que coincide con el nombre de la calle donde suele decirse que deben efectuarse los pagos.
Organización
El Consejo Consultivo sostiene que el referido modus operandi hace suponer la existencia de una organización que sería ajena a la provincia de Santa Fe y que estaría obrando de acuerdo con ciertas comunas para obtener recursos.
Ante situaciones como las planteadas, recomienda al Poder Ejecutivo instruir a las reparticiones que se consideren más apropiadas, por ejemplo la Secretaría de Comunas y Agencia de Seguridad Vial, para que estudien hechos como los explicados, tarea en la cual pueden requerir incluso, la colaboración de la Fiscalía de Estado.
Sostiene el cuerpo que “comprobados los extremos descriptos”, deberían adoptarse medidas tendientes a regularizar los procedimientos e impedir que se armen estructuras del tipo referido, que perjudican la imagen provincial, estableciendo un diálogo con las comunas involucradas.
