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EDITORIAL

Impuestos, gasto y

Estado de derecho

Los derechos y garantías fundamentales surgieron en Occidente en el siglo XIII, cuando los nobles británicos le pusieron límites al poder real impidiendo que los monarcas hicieran lo que les diera la gana. Una de las célebres condiciones impuestas a Juan sin Tierra fue la de que no pudiera disponer arbitrariamente de su propio presupuesto. El origen del Parlamento, su razón de ser, reside en la facultad de impedirle al rey la creación arbitraria de impuestos y su disposición discrecional.

No hay Parlamento moderno sin este principio: el impuesto implica el ejercicio de la representación política. Después vienen los otros controles propios de una república democrática, pero el principal, el decisivo, es el económico. Las sociedades modernas se constituyeron sobre esta base. La revolución norteamericana se hizo reivindicando estos valores y facultades. Todas las crisis políticas de las sociedades modernas giraron alrededor del tema de los impuestos. Así como no hay Estado nacional sin la facultad de ejercer el monopolio legítimo de la violencia, tampoco lo hay sin el atributo de cobrar impuestos. Y del mismo modo que el ejercicio de la violencia debe ser legítimo, la facultad de cobrar impuestos y determinar el gasto debe ser controlada.

Se trata, en definitiva, de defender el dinero de los contribuyentes, un principio que en las democracias modernas es considerado fundamental, a tal punto que en los tradicionales debates parlamentarios los argumentos de los diferentes representantes giran alrededor del tema de cómo defender el dinero de los contribuyentes o justificar el gasto.

A los impuestos los pagan los contribuyentes y, por lo tanto, tienen derecho a saber por qué se deciden, cómo y cuánto se gasta. En las democracias representativas lo hacen a través de sus representantes, ¿o nuestros populistas nunca se preguntaron por qué se le llama a esta institución Cámara de Representantes?

Lo que importa saber al cabo es que la facultad del Congreso de establecer el cálculo de gastos y recursos que integra el presupuesto no es una doctrina opinable o una consideración ociosa de la democracia, sino una facultad indelegable sin la cual se vulnera uno de los principios decisivos del Estado de derecho.

Se sabe que el Ejecutivo hace y el Legislativo legisla. Es inevitable recordar estas obviedades, porque han sido olvidadas no sólo por el oficialismo de turno, sino por los diversos oficialismos que se han sucedido hasta la fecha. El Poder Ejecutivo efectiviza una voluntad ajena, la del cuerpo que representa democráticamente al pueblo. El gobierno puede proponer su presupuesto y defenderlo con todos los argumentos lícitos que considere convenientes, pero debe someterlo al análisis de los legisladores que, a su vez, están autorizados a corregir lo que consideren necesario para cumplir con lo que ordena la ley. No aceptar este principio es desconocer el Estado de derecho y, por lo tanto, retrotraernos a formatos preconstituyentes expuestos a los extravíos del autoritarismo.



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