El Enress tiene su propia visión sobre qué hacer con la ley Nº 11.220

Muñoz: resolver el acceso al agua, “un problema político”

Luis Rodrigo

politica

Por primera vez, la conducción del Ente Regulador de Servicios Sanitarios sostiene públicamente su carácter político. Deja su rol pretendidamente aséptico y equidistante (del concesionario y el concedente) y coloca al usuario en el centro de la escena.

El presidente del Enress es Alberto Muñoz, quien ingresó al mundo del saneamiento desde la lucha en Rosario contra la privatización de la Dipos, la gestión de Aguas Provinciales y la formación de la Asamblea Provincial del Agua.

Muñoz sostiene que no hay control apolítico y, mucho menos, una regulación que sea exclusivamente técnica. Dice que resolver el acceso al agua potable es enfrentar “un problema político”.

Por momentos, nombra al ministro de Aguas Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, cuando El Litoral lo consulta sobre las posiciones del Ejecutivo para reformar la ley Nº 11.220. Busca sobre todo mostrar que el debate que se debe Santa Fe es el que -con matices- vive Sudamérica.

Piensa que el modelo de participación comunitaria incluso para la planificación de las obras es el futuro, que comenzó en Brasil.

“La modificación de la ley Nº 11.220 es una demanda histórica de mucha asociaciones y gente”, recuerda. Y agrega: “Se hizo para privatizar Dipos, hoy hay que ir en un camino mejor. Implica replantearse el debate, legislar para 20 ó 30 años y, claro, debe haber una participación de toda la sociedad”, sostiene ante la consulta.

Dejar atrás los ‘90

“Se está rediscutiendo el rol de los entes en toda Sudamérica. Cambió el paradigma, cayó el modelo que decía que las empresas privadas iban a venir a resolver los problemas de agua y saneamiento, y los entes de control, que muchas veces fracasaron en su cometido... o, mejor dicho, que fueron parte de ese proceso político, respondieron a ese paradigma bajo la lógica de las privatizaciones.

“Hoy, la mayor parte del Cono Sur -dice con mirada abarcativa- tiene empresas públicas, sociedades anónimas con participación mayoritaria del Estado o empresas del Estado. Se discute cómo deben actuar los entes de control, cómo se tienen que resignificar basándose en dos preguntas”, puntualiza.

Con empresas en manos del Estado, ¿hay que controlar?. “Mi respuesta es que sin dudas hay que hacerlo: la mejor empresa pública es que se controla y regula.

“Pienso que sin regulación, sin control, de acá a unos años -quizá 10- volveríamos a repetir el ciclo como tantas veces nos ha pasado en el siglo XX”.

Y, si hay que controlar para mejorar la empresa, que sea eficiente, tienda a la universalización en el acceso de los servicios y sea transparente, ¿quién debe ejercer ese control? “No creo que pueda ser el mismo dueño de la empresa quien se autocontrole. Creo que el lugar de la regulación y del control debe ser otro. Que la mejor forma de que el sistema funcione es que quien regule y quien controle no sea quien conceda, el dueño, es decir, el Estado”.

Más autonomía

“La redefinición de los entes de control debe ser por una mayor autonomía. Por más capacidad de regulación y control. Nunca los entes participaron de la planificación, de la definición de los proyectos; siempre o planificaron la empresa privada o la pública, el gobierno o las municipalidades o las comunas, o las cooperativas. En rigor, lo planificado se eleva al Ente y éste hace un seguimiento de esos planes”, advierte el titular del Enress.

Y sostiene que, si la palabra elegida es autonomía, “debemos llevarla a la práctica. Es la capacidad de dictarse normas a uno mismo sin influencia de presiones externas o internas. Es la independencia político-administrativa: un lugar desde donde presentarse ante la sociedad y seguir en carácter de regulador o controlador el proceso.

“Si quien controla y quien regula está dentro de la misma estructura, la capacidad de control y regulación se diluye. Para mí, el directorio del Ente, su conducción, debe mantener el sistema actual de aprobación legislativa; que sean designados por dos de los tres poderes es fundamental”, dice en oposición al sistema de concursos técnicos que propone el ministro Ciancio.

Dimensión política del saneamiento

“Otra pregunta posible es qué hizo que los entes en el país no hayan cumplido el rol que se planteaba. Podrá especularse sobre la capacidad técnica de sus profesionales, metodología, límites legales, pero no creo en eso: hay razones políticas que los condicionaron.

“En nuestro diagnóstico -sigue el funcionario- el problema es político. Los entes estaban en un esquema que iba en un sentido. Hoy, por suerte y elección de muchos, el continente va en otra dirección, pero no debemos perder de vista el problema socioeconómico, cultural y político. No es un problema técnico el problema sanitario; no es un problema de ingenieros y expertos hídricos, de químicos y bioquímicos y de abogados y contadores... Es un problema de la sociedad”, sostiene.

Afirma que “pensar que la señora de barrio no tiene nada que decir es una lectura que no comparto. El proceso de resolución de los problemas sanitarios requiere la participación de la sociedad. Y es el ente de control el que debe promover esa participación. Cuenta con el lugar de un tercero para promoverla: no es el gobierno, no es la empresa”.

De la multa como fracaso

En torno al debate sobre la reforma de la ley Nº 11.220, El Litoral interrogó al titular del Enress sobre qué efectos para la regulación produjo la decisión del ministro de Aguas de dejar sin efecto el comienzo de un proceso sancionatorio contra Assa, debido al corte de agua que afectó a la ciudad meses atrás.

“Cuando el Ente tiene que poner una multa es porque llegamos tarde. Una sanción es el fracaso del Ente, no su éxito. El propósito del Ente es que los sistemas funcionen bien y para eso hay un montón de etapas intermedias que no se hacían y que estamos impulsando, tales como la mediación, la contabilidad regulatoria comparada, el benchmarking, tiene que hacerse desde un lugar autónomo. Por eso es necesaria una autoridad política independiente. Si no la tiene, es imposible cumplir su rol. No estamos de acuerdo con ser una especie de biblioteca que recoja datos y los archive. Queremos un Ente que aporte al sistema”, dice Muñoz.

Ante otra pregunta, subrayó que “lo que hizo el ministro está dentro de sus facultades, la legalidad de lo hecho está fuera de discusión. Planteo un criterio político, y más ahora que hay que discutir un nuevo marco regulatorio... No se debería asegurar -en el futuro- que el ente de control termine el proceso (sancionatorio) y cumplir con su rol completo. Porque ésa es otra discusión abierta: hasta dónde tiene que llegar el Ente... Creo que debe meterse en los balances de la empresa. Cuánto compra, cómo, con quiénes, qué salarios hay, cuáles son sus gastos, quién cumple, quién no. Hay una parte de esa información, pero debe avanzarse más, ser más profundo”, reclama.

“En buena hora que el ministro impulse la discusión de la 11.220; es bueno que discutamos todo esto. Pero para nosotros el Ente es político, no un organismo de acciones limitadas a lo técnico. Y el caso del corte de agua en Santa Fe es un buen ejemplo para el debate”, siguió Muñoz.

El proceso regulatorio “tiene que ser externo a la empresa y al concedente. Justamente para aportar otra mirada, otro lugar desde donde el ciudadano común se sienta contenido en una visión que no sea sólo la de la empresa.

“Se puede o no tener razón al aplicar un observación, pero ésa no es la discusión, sino definir en qué medida hay un otro que observa desde afuera. Y hablamos de la apertura de un proceso (sancionatorio), no de un hecho consumado, de una sanción. A esa matriz que quedó de la etapa anterior se la tiene que superar”, propone.

“Que el controlador debe tener autonomía para llevar adelante todo el proceso, por supuesto, compenetrado con el desarrollo de la empresa pública. Pero también es función del Ente marcar cuando hay un problema. Ayuda a que el sistema mejore”, observa.