El único camino es la legalidad
La situación registrada en Villa Soldati, con sus derivaciones, puso en escena uno de los mayores problemas que aquejan a la sociedad argentina y a su dirigencia política, a la vez que habilitó un nuevo nivel de violencia para los conflictos sociales y activó fundados temores sobre el futuro.
En primer lugar, la ocupación de espacios públicos por parte de familias carecientes tiene en su matriz las carencias en infraestructura social y la deficiente atención prestada por el Estado, en sus distintos niveles, al déficit habitacional.
Naturalmente, la macrocefalia demográfica que caracteriza a nuestro país, con la Capital Federal como epicentro de atracción del flujo poblacional y las corrientes inmigratorias de vecinos países, no sólo otorga al espacio de carecientes una dimensión muy difícil de abarcar y en permanente crecimiento, sino que también convierte a la afectación de intereses públicos en el disparador de lacras latentes, como la xenofobia y la agresividad.
Semejante caldo de cultivo se convierte en el ámbito ideal para que pululen y prosperen grupos mafiosos o delictivos que buscan lucrar económica o políticamente con la desesperación de las personas, o aprovechan la confusión para desatar desmanes o incurrir en la rapiña.
Las denuncias con respecto a que muchos de los ocupantes ya tenían vivienda y fueron llevados al lugar por “punteros políticos”, fortalecidas por los dichos de la encargada de un comedor comunitario y por la admisión pública de esa circunstancia por parte de un militante, sumaron complejidad y suspicacias al conflicto. En esa línea, los fuertes cruces verbales entre funcionarios del nivel nacional y el municipal -comenzando por la suerte de prescindencia arbitral que pretendieron asignarse los primeros- fueron el preludio de una verdadera escalada de ocupaciones, que presagiaban un desenvolvimiento de los hechos susceptibles de escapar a todo control.
En algún punto, las autoridades políticas advirtieron que la gravedad del curso de los acontecimientos no admitía más distracciones y desbordaba el cauce del aprovechamiento electoral. El acuerdo al que arribaron Nación y Ciudad de Buenos Aires previó la construcción de viviendas, pero con la desocupación de terrenos como requisito, la mayor necesidad como criterio de distribución y la penalización con la pérdida de éste u otros beneficios para quienes participen en nuevas “tomas”, ya que lo contrario sería convalidar este mecanismo de reclamo, en desmedro de quienes no lo utilizan.
Naturalmente, la implementación del programa será pasto de debate y las pullas partidistas no cesarán. Pero en lo básico, la dirigencia parece haber recapacitado a tiempo -por convicción o espanto- y apuntó a resolver la cuestión con el parámetro de la legalidad. El único admisible para ordenar conflictos de intereses, demandas insatisfechas, asunción de roles, medidas colectivas y acciones individuales, preservando como valor supremo e imprescindible el imperio de la civilización.
