El cobro de Sellos a Terminal Puerto Rosario SA

Piden interpelar a Sciara por una negociación tributaria

El diputado justicialista Marcelo Gastaldi presentó el proyecto para llevar al ministro de Economía al cuerpo. Asimismo, un pedido de informes por los tributos derivados del contrato entre la firma y el Ente Administrador del Puerto de Rosario.

De la redacción de El Litoral

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El diputado justicialista Marcelo Gastaldi presentó un pedido de informes en el que solicita explicaciones acerca de los cambios en las decisiones tomadas, relativas al pago de tributos provinciales (Impuesto de Sellos) originados por la suscripción del contrato de concesión y el anexo de readecuación del mismo de la terminal multipropósito del Puerto de Rosario entre el Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro) y la firma Terminal Puerto Rosario SA.

Para el legislador, en la operación existe una diferencia en perjuicio de la provincia de 7.774.181,39 de pesos entre lo solicitado en un primer momento y lo acordado extrajudicialmente.

Asimismo, Gastaldi presentó un proyecto de resolución en el que convoca al ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Ángel Sciara, para que informe acerca de las eventuales negociaciones que pudieron haberse llevado a cabo con relación a la liquidación y eventual pago de tributos provinciales.

Los siguientes pasos

Gastaldi señaló que “a las sospechas de la modificación de la decisión de que los 150 millones de pesos de la relocalización del área operativa -que en un primer momento los pagaba el concesionario privado Terminal Puerto Rosario (TPR) y ahora serían abonados desde el presupuesto provincial-, y a la inexplicable extensión de la concesión por siete años en beneficio de éste, por un monto de facturación de 350 millones de pesos, ahora se suma una dudosa maniobra con la Administración Provincial de Impuestos (API)”.

El legislador tomó conocimiento de la eventual existencia de una transacción con respecto al impuesto de Sellos adeudado por la concesionaria de la terminal multipropósito del Puerto de Rosario y/o Jorge Guillermo Pablo Salazar Boero. Ante ello se presentó ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 13a. Nominación de Rosario, solicitando copia íntegra del expediente iniciado por la API.

Para Gastaldi, del análisis de dichas actuaciones, caratuladas “API c/ Terminal Puerto Rosario SA y Salazar, Jorge Guillermo Pablo s/Medida Cautelar” (expte. Nº 1383/08), se desprende lo siguiente:

* El 28 de mayo de 2008, la API Rosario dicta la resolución 916-8/08, mediante la cual intima a TPR SA al pago de impuestos a Sellos más sus respectivos intereses punitorios por la suma de 8.327.385,55 de pesos, debido a que la empresa no tributó oportunamente el gravamen correspondiente al contrato de concesión.

* El 11 de noviembre de 2008, la API, contestando un recurso presentado por TPR SA contra la resolución ya citada, dicta la resolución Nº 542/08, mediante la cual rechaza el citado recurso, e intima a pagar a la empresa concesionaria de una de las terminales del Puerto de Rosario la suma de 9.184.919,61 de pesos (resultante de aplicar los intereses devengados a la anterior resolución).

* El 18 de diciembre de 2008, y como consecuencia de que TPR SA no pagó la suma adeudada, la API, a través de su apoderada, la doctora Laura Elena Borrás, y con el patrocinio de los abogados de la Fiscalía de Estado Guillermo Peyrano, Analía Colombo y Juan Pablo Cifré, inicia un expediente judicial (API c/Terminal Puerto Rosario SA y Salazar Boero, Guillermo Pablo s/Medida Cautelar), tramitado ante el Juzgado de la 1a. Instancia de Distrito Civil y Comercial Nº 13, en el cual solicita y obtiene la traba de una cautelar consistente en el embargo preventivo de cuentas bancarias a Terminal Puerto Rosario SA y a Jorge Guillermo Pablo Salazar Boero por la suma de 9.184.919,61 de pesos, más intereses y costas futuras.

* El mismo 18 de diciembre de 2008, la jueza Giles, en suplencia de la titular a cargo del citado juzgado, resuelve trabar embargo sobre las cuentas de Terminal Puerto Rosario SA y Jorge Guillermo Pablo Salazar Boero hasta cumplir la suma de 9.184.919,61 de pesos, con más el 30 por ciento, en concepto de intereses y costas.

* El 7 de enero de 2009, la API solicita al juzgado, con la firma de la apoderada del API, Laura Borrás, y del abogado de Fiscalía de Estado, Guillermo Peyrano, habilitación de feria, informando a la jueza que la API ha aceptado sustituir parcialmente la cautelar ordenada hasta un monto de 1.410.738,22 de pesos por un seguro de caución, y suspender provisoriamente la ejecución de la misma en la parte no sustituida.

* El 8 de enero de 2009, el juzgado resuelve sustituir parcialmente la cautelar ordenada por un seguro de caución hasta cubrir la suma de 1.410.738,22 de pesos; y, además, resuelve el levantamiento de la medida cautelar trabada por la suma de 7.774.181,39 de pesos.