EDITORIAL
EDITORIAL
Corrupción policial que debe desterrarse
El pasado miércoles, el reportero gráfico Alejandro Guerrero fue detenido por la Guardia Urbana Municipal de la ciudad de Rosario y después de ser trasladado a la seccional tercera procedieron a golpearlo durante seis horas. El operativo se realizó sin asentar acta de detención y sin informar al juez de turno. Concluida la golpiza Guerrero recuperó la libertad no sin antes ser advertido que “era boleta si abría la boca”.
Según se denunciara, Guerrero fue detenido por presenciar un operativo ilegal de la fuerza pública. Policías uniformados y de civil despojaron a menores de edad en estado de mendicidad. Como dijeran los dirigentes de Argra -el gremio que representa a los reporteros gráficos-, Guerrero tuvo “la mala suerte” de presenciar el operativo.
Cuando los policías le exigieron que se retirara, el periodista no se comportó de manera sumisa, motivo por el cual fue detenido.
Es importante detenerse en este aspecto del episodio: policías ensañándose con menores de edad, un ciudadano que presencia la canallada que están cometiendo y por el sólo hecho de ser un testigo involuntario es detenido y maltratado en el calabozo de una comisaría, es decir de un edificio público sostenido por el dinero de los contribuyentes y cuyo objetivo institucional, su razón de ser, es proteger y no castigar a los ciudadanos.
El operativo policial recuerda los peores momentos de la dictadura militar. Al respecto se suponía que después de más de un cuarto de siglo de democracia las fuerzas policiales habían dejado de ser bandas de secuestradores para transformarse en un cuerpo profesional capacitado para prevenir el delito y garantizar el orden.
Lo sucedido demuestra todo lo que hace falta hacer para lograr metas básicas de eficiencia y calidad institucional en la seguridad pública.
Por lo pronto se impone que las autoridades actúen y sancionen a los responsables. Alguien podrá decir que lo ocurrido no debe generalizarse porque la mayoría de los policías son funcionarios honestos y justos, pero esta claro que más allá de las declaraciones, la distancia entre la realidad y los discursos sigue siendo grande. Es muy probable que sólo una minoría de policías esté contaminada por la corrupción y la arbitrariedad, pero esa minoría puede ser letal para el funcionamiento de una institución que está convocada a realizar tareas de gran alcance para terminar con el delito. Mal se puede contagiar un clima optimista a la sociedad cuando desde las propias fuerzas de seguridad se cometen atropellos como los que debió padecer Guerrero.
Por otra parte, habría que preguntarse si la condición de reportero gráfico de Guerrero no contribuyó a que sea golpeado. Al respecto, una vez más es necesario advertir que las críticas que desde las usinas oficiales se hacen contra periodistas y medios de comunicación, de una manera tal vez no deseada alientan estas aventuras delictivas.