Dónde van las observaciones del Tribunal de Cuentas
Senado: renuncia masiva a una comisión de control
Existe desde 2005, pero sólo en la letra fría de una ley de esporádica aplicación. Todos los representantes del PJ del Senado renunciaron para llamar la atención sobre la falta de voluntad del oficialismo de permitir su funcionamiento.
Alcides Calvo (Castellanos), Alberto Crosetti (Belgrano), José Baucero (San Javier) y Rubén Pirola (Las Colonias).
Foto: Archivo El Litoral
De la redacción de El Litoral
Hasta la última semana de 2010 esperaron para presentar su renuncia indeclinable los cuatro senadores del peronismo que, hasta ayer, integraban la Comisión Legislativa de Control y Revisora de Cuentas.
Alcides Calvo (Castellanos), Alberto Crosetti (Belgrano), José Baucero (San Javier) y Rubén Pirola (Las Colonias) lo hicieron bajo el mismo texto y con la evidente intención de llamar la atención sobre los tres años que ha cumplido la gestión del gobernador Hermes Binner sin que funcionara esa instancia legislativa de control.
La comisión es parte de la reforma que en materia de controles impuso la Ley de Control y Administración del Estado (llamada ley Mercier), que reemplazó a la vieja ley de contabilidad.
“Es incomprensible desde todo punto de vista que no hayamos logrado conformar y hacer funcionar una comisión estratégica y de tanta importancia”, dicen los fundamentos de las notas presentadas por los renunciantes, que no fueron respondidas en el recinto por el oficialismo.
Los dimitentes advierten que el responsable de la obstrucción es el Frente Progresista en la Cámara de Diputados: “Cómo explicarle a la ciudadanía -dicen los considerandos- que no hemos revisado las observaciones derivadas del Tribunal de Cuentas que son ingresadas a las Cámaras Legislativas, sabiendo que las mismas son derivadas a una comisión que en los hechos no existe”.
Una larga lista
“No hablamos de cuestiones menores”, dice la dimisión masiva, que enumera: adjudicación directa de la concesión de la autopista Santa Fe-Rosario; contrataciones directas con el Banco Municipal de Rosario; tramitación de la EPE de un préstamo por $ 120 millones sin autorización legislativa; observaciones a las licitaciones para la construcción de hospitales; contratación directa con la firma Evento SA de la ciudad de Rosario para la televisión de los juicios por crímenes de lesa humanidad, de Telefónica de Argentina SA para la inspección de líneas telefónicas, de impresión de libros y revistas del Ministerio de la Producción; multas al Casino de Rosario; transferencia a la Municipalidad de Rosario de $ 7,8 millones y muchísimas más que por una cuestión de espacio no voy a detallar”, dice la fórmula que redactó Calvo y suscribieron los demás justicialistas dimitentes.
En el recinto, el rafaelino confesó que no se explica “por qué este gobierno no quiere que se lo controle” y deslizó: “¿Es que hay algo que ocultar...?”.
Rubén Pirola prefirió citar estadísticas (describió las observaciones legales del Tribunal de Cuentas de 2008 a 2010, que suman 160) y leyó los fundamentos del fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, para advertir que la insistencia del Ejecutivo (para contrariar las observaciones legales) no implica resolver la observación, sino seguir adelante con el acto de gobierno. En otras palabras, “no se subsana” la observación.
El senador por Las Colonias leyó tramos de un escrito del fiscal, que seguramente habrá revisado una y otra vez. Es el que justifica la adjudicación directa (sin concurso ni licitación) de la explotación del peaje de la autopista por seis meses, que ahora han terminado.
José Baucero, en nombre del bloque del PJ, resumió: “En los discursos, mucha transparencia, mucha apertura, pero en los hechos no se permiten los controles”. Alberto Crosetti se expresó en idéntico sentido.
Desde sus bancas, los senadores del peronismo dejaron a salvo “los esfuerzos” de la presidenta de la Cámara Alta, la vicegobernadora Griselda Tessio, para hacer que la comisión funcione.
Creada en 2005, nunca funcionó
La ley 12.510 dispone que en la Legislatura provincial funcione la Comisión Legislativa de Control y Revisora de Cuentas, formada por representantes de ambas cámaras. Tiene la misión de revisar los actos de gobierno y de recibir -y estudiar- todas las observaciones que realice el Tribunal de Cuentas santafesino.
Hasta antes de esa reforma legal, las objeciones de dicho tribunal quedaban en eso, en simples reproches y muy rara vez tenían mayores efectos... La nueva ley de Administración, Eficiencia y Control vino a remediarlo: pero hasta aquí no fue así.
La comisión debe ser formada por las dos cámaras, que una y otra vez designaron sus integrantes. Sin embargo, nunca se reunió: primero fue por culpa del justicialismo y luego el responsable ha sido el actual oficialismo.
La norma que crea la comisión fue sancionada a fines de 2005 y promulgada el 2 de enero de 2006. En mayo de ese año debió celebrar su primera reunión, pero durante la segunda mitad del gobierno de Jorge Obeid no funcionó. Tampoco durante estos tres años de la actual gestión del gobernador Hermes Binner.
En 2009 y 2010, el PJ comenzó a hacer notar que esa herramienta de control estaba inactiva. Nadie lo ha dicho pero todo indica que el peronismo santafesino esperó que se cumpliera un plazo similar al que se consumió durante su último gobierno sin que se reuniera la comisión.
160
son las observaciones legales del Tribunal de Cuentas que no fueron revisadas por el Poder Legislativo, contrariando lo dispuesto por el artículo 245 de la ley 12.510.
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