El peligro de cebar la bomba
Félix Canale
Cuando el Estado de Mississippi resolvió secesionarse de los Estados Unidos de Norteamérica, el 9 de enero de 1861, argumentó su decisión esclavista -de hecho su declaración de guerra- en un documento.
“Nuestra posición -dice la proclama- está identificada profundamente con la institución de la esclavitud, que es fundamental para el interés material del mundo. Su trabajo suministra el producto que constituye, con mucho, las porciones más grandes e importantes del comercio de la tierra. Un golpe a la esclavitud es un golpe al comercio y la civilización”.
Mientras la población norteamericana se estragaba en una guerra civil que se saldó con más de medio millón de muertos, en la Argentina, desde 1853, tenía rango constitucional la abolición de la esclavitud. Sin embargo, quienes forjaron nuestra Carta Magna, no pudieron entrever en ese entonces que los mecanismos económicos desencadenados por la primera Revolución Industrial desde finales del Siglo XVIII, seguían requiriendo de alguna forma de esclavitud.
Una de la consecuencias paralelas a la generación de mayor riqueza, fue el incremento de la sobrecarga laboral de los asalariados y el exponencial crecimiento de franjas de pobreza estructural que se crearon en la periferia del fenómeno capitalista. Corrieron ríos de tinta, y más importante, de sangre, para racionalizar, en términos de dignidad humana, las relaciones entre el capital y el trabajo. No sólo ateniéndose a una ética religiosa que ganaba espacio de opinión, sino también por necesidad de supervivencia del modelo liberal, que tras la implosión de la experiencia comunista de la Unión Soviética, en siglo XX, demostró ser el único camino a recorrer y explorar, con inclusión de las regulaciones que fuese necesario aplicar. La China de hoy es el mejor ejemplo.
Por eso, son inquietantes las recientes constataciones judiciales sobre condiciones de trabajo esclavizante para alrededor de 1.000 trabajadores rurales argentinos, en cuatro grandes emprendimientos agroindustriales de la provincia de Buenos Aires, donde los fiscales corroboraron en una empresa jornadas de trabajo de 12 horas, la presencia de menores de edad, el hacinamiento en carpas y galpones sin baños ni luz, además del desconocimiento por parte de los trabajadores de su asignación salarial real, porque la empresa le descontaba a cada jornalero los bienes consumidos, como alimentos, elementos de higiene o recargas de baterías de celulares, a precios exorbitantes.
La Justicia determinará las responsabilidades. Habrá que esperar, porque sus tiempos son lentos, y aunque esa lentitud irrite a muchos, con razón, es mejor que la justicia sumaria que otros ansían. Tal vez ese lapso permita reflexionar sobre la responsabilidad del gobierno, o la de aquellos sindicatos más comprometidos con internas partidarias o fidelidades a cacicazgos perimidos, que con la real situación de algunos sectores laborales.
Pero también es tiempo de reflexión para algunos sectores empresariales que, por desidia o a sabiendas, están cebando la bomba ideológica en una Argentina que pese a su crecimiento a tasas chinas tiene 4,8 millones de pobres según el Indec, y 9,3 millones según mediciones privadas. Si la bomba explota, no habrá más tiempo para reflexiones.
