Editorial
Hombres públicos, negocios privados
En España se ha abierto un debate acerca de la consistencia ética de una decisión política tomada por dos ex mandatarios. Se trata de Felipe González y José María Aznar -uno socialista, el otro conservador-, quienes han aceptado incorporarse como asesores a empresas de energía -Gas natural y Endesa- con sueldos del orden de los 200.000 dólares anuales.
González y Aznar perciben un remuneración de 100.000 dólares anuales que les corresponde por haber sido jefes de gobierno del Estado español, además de disponer de asistentes, coches oficiales y personal de seguridad. En su momento fueron invitados a incorporarse al Consejo de Estado como asesores porque se entendía que su experiencia podía ser útil, pero rechazaron la oferta. Ahora da la impresión de que la oferta les resultó más interesante y, en lugar de asesorar al Estado, aportarán su experiencia y contactos a dos empresas privadas.
La decisión de ambos ex mandatarios ha generado una áspera polémica en España. A nadie escapa que Aznar y González no fueron contratados por sus saberes técnicos en materia de energía, sino por sus conocimientos acerca del Estado y las relaciones que han tejido durante años. En la práctica, operarán de “abrepuertas” del poder, serán lobbistas de las empresas que los han contratado.
¿Es arbitraria esta especulación? Desde el punto de vista ético, hasta tanto estos señores demuestren lo contrario, hay buenos motivos para suponer que estas presunciones son consistentes. A Max Weber le corresponde haber establecido la distinción teórica entre la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad. En el caso que nos ocupa, estas condiciones brillan por su ausencia. Que ex jefes de Estado se transformen en asesores a sueldo de empresas privadas que hacen negocios con el Estado es algo que está reñido con las convicciones y las responsabilidades.
Se sabe que muchas veces un político en ejercicio del poder debe postergar sus expectativas éticas en nombre de la responsabilidad, es decir, debe hacerse cargo de las consecuencias complejas de sus actos públicos. Pero esta disquisición, que en sí misma es controvertida, no es aplicable a las decisiones tomadas por Aznar y González, motivo por el cual las críticas de la opinión pública hacia ellos son cada vez más justificadas.
El tema, por supuesto, excede a España y pone en discusión la responsabilidad de los ex funcionarios políticos. ¿Un ex jefe de Estado es dueño de hacer lo que quiera? Más o menos. Sus experiencias, sus conocimientos lo transforman en colaboradores indispensables del poder. Son precisamente estas responsabilidades las que habilitan a decir que se trata de actos reñidos con la ética. Los compromisos políticos de un ex alto funcionario son con el Estado, al que han servido y del cual continúan percibiendo sueldos y reconocimientos prácticos y simbólicos. Este especialísimo trato que la ley les otorga como hombres públicos plantea la contradicción con sus conchabos privados.
