Vacío legal y polémica política
Debate por la edad de imputabilidad
El rechazo judicial a imponer prisión a un menor de 15 años autor de un homicidio provocó la dura reacción de un fiscal. Alak admitió que hace falta una reforma, demorada en el Congreso.
De la redacción de El Litoral
DyN/Télam/Noticias del Congreso
El asesinato de un hombre delante de su hijo en la ciudad de La Plata por parte de un adolescente de 15 años de edad puso otra vez en el ojo de la tormenta el debate por la imputabilidad de los menores.
“Hoy tener menos de 16 años es tener licencia para matar”, disparó el fiscal platense Marcelo Romero. Y añadió: “La estrategia oficial es negar y esconder la basura bajo la alfombra, quizás alguno piense que le conviene para las encuestas de opinión... se quiere quedar bien con Dios y con el diablo y no perder votos”.
La reacción oficial no se hizo esperar y el ministro de Justicia, Julio Alak, manifestó la necesidad de poner en marcha la ley penal juvenil que está actualmente en el Congreso, pero advirtió que se deberá poner el acento en la reinserción social de los menores que delinquen.
Lo que sucede es que con la actual legislación, por más aberrante que sea el delito cometido, si el autor tiene menos de 16 años es totalmente inimputable. Si tiene más de 16 va a un instituto de menores hasta que cumpla los 18. En este caso, el juez declaró inimputable al niño asesino y dio intervención a un juez de familia para que “lo incorpore inmediatamente a los programas existentes acorde a su problemática con el seguimiento del caso por los operadores previstos por el sistema”.
Alak reconoció que “se trata de un tema de gran complejidad, lo tiene el Congreso” y recordó que en su momento, el gobierno promovió la sanción de una nueva ley. Según dijo, “hay que establecer un régimen especial para los jóvenes que delinquen, donde no solamente se atienda a la seguridad sino también a su readaptación”, porque, razonó, “ningún niño nace delincuente”. Y advirtió que “es necesario establecer sistemas en los que puedan ser reeducados, que puedan tener asistencia psicológica, alimentaria, social y de readaptación”.
Guerra de eslóganes
El fiscal Romero, en tanto, cargó contra la manera en que el tema es abordado desde el sector político. “Se niega que aumentó el delito, que hay más violencia, que aumentó la presencia de menores en delitos graves, la influencia de la droga y la pérdida olímpica que estamos teniendo con el narcotráfico”, dijo.
“El gobernador (bonaerense) Daniel Scioli propuso el debate y casi lo cuelgan en la Casa de Gobierno. La única discusión fue un eslógan: “ningún pibe nace chorro”. “Nos hemos transformado en un país panfletario, donde el que opina diferente es considerado enemigo”, afirmó.
Enfatizó que hay “enfrentamientos de eslóganes, como con los piquetes. Se dice “no se puede criminalizar la protesta social”, aparece la palabra mágica y ahí terminó la discusión .
Romero afirmó que “no escuché ningún psiquiatra, psicólogo, pediatra, antropólogo, jueces de familia o de menores que diga “la estructura psíquica de este menor de 14 años le impide comprender la criminalidad por esto o por lo otro”. “Seguimos con las mismas conclusiones del año ‘20 y la juventud de aquellos años no es la juventud actual”.
El fiscal señaló que “las personas que propusieron un debate fueron tildadas automáticamente de fascistas; si uno dice A y A es políticamente incorrecto, es facho; si dice B y B es políticamente incorrecto, lo mismo es facho”.
“Argentina es un país difícil; quiere ser progresista para algunas cosas, democrático para otras, pero molesta el orden, molesta el cumplimiento de la ley; exigimos derechos, pero cuando tenemos la contracara nos molesta”, sostuvo.
También advirtió sobre la carencia de inteligencia criminal: “Se hace inteligencia para saber con quién se acuesta el rival político o cuando descubrieron que (Juan Carlos) Blumberg no era ingeniero; pero después no funciona. El delincuente estudia a la víctima, conoce horarios, hábitos, los integrantes de una familia y comete el hecho. Y no hablo de crimen organizado sino de cuatro o cinco poligrillos que roban una casa”, aseveró.
En el Congreso
El proyecto aprobado por el Senado diferencia entre dos franjas etarias. Una cosa son los chicos de entre 14 y 15 años y otra distinta los que tienen entre 16 y 18. Ningún adolescente menor de 18 podrá ser juzgado como un adulto, y los que tengan menos de 14 serán totalmente inimputables.
Los que tienen entre 14 y 15 serán sancionados si el delito que cometieron tiene una pena mínima en el Código Penal de 3 años. En cambio, los más grandes recibirán su sanción cuando esta pena sea de 2 años.
En total son siete las sanciones previstas: disculpas personales ante la víctima; reparar el daño causado; prestación de servicios a la comunidad; órdenes de supervisión y orientación; privación de libertad durante el fin de semana o tiempo libre; privación de libertad en domicilio; y la más grave, privación de libertad en centro especializado.
En Diputados, la oposición quiere mantener el texto que vino del Senado, pero el oficialismo y los bloques de centroizquierda quieren modificarlo -ya tienen dictamen mayoritario para eso- y mantener la inimputabilidad hasta los 16 años.
El caso
La Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil declaró inimputable al menor de 15 años acusado de haber matado a Fabián Esquibel delante de su hijo en la localidad de Tolosa, como consecuencia de un forcejeo en un asalto, y rechazó una medida restrictiva de su libertad que había pedido la fiscalía. Luego, derivó el caso al fuero de Familia, que dispuso la internación del adolescente en una comunidad terapéutica por su adicción a las drogas.
LA FOTO /// Indemnización a las víctimas del atentado
Alak en la Amia
El ministro de Justicia Julio Alak prometió a las autoridades de la comunidad judía que este año el Congreso aprobará una ley para indemnizar a familiares de muertos y heridos en el atentado a la Amia, al tiempo que les garantizó que la Argentina seguirá luchando para juzgar a los iraníes sospechados de haber atacado la mutual en 1994. Alak hizo estas promesas al visitar formalmente la sede de la Amia, en la calle Pasteur 633, donde una bomba mató a 85 personas el 18 de julio de 1994. El Senado dio media sanción a un proyecto que otorga 800 mil pesos por cada persona fallecida, y establece una escala para los heridos. Foto: DyN
La comunidad está propiciando permanentemente el ajusticiamiento por mano propia. Pero como sistema penal del Estado estamos en deuda”.
Marcelo Romero,
fiscal de La Plata
Scioli pidió el debate de una ley sobre ocho proyectos con consenso de todos los bloques y lo masacraron, pensando que tenía una directriz de derecha y mano dura”.
Ricardo Casal,
ministro de Justicia bonaerense.
