Un gesto para Moyano

Cristina asignó $ 250 millones a las obras sociales sindicales

Son parte de más de $ 6 mil millones acumulados en un fondo para reforzar las coberturas. El gobierno retiene desde hace años la mayor parte de esos recursos, que la CGT reclama como propios.

De la redacción de El Litoral

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La presidenta Cristina Fernández de Kirchner distribuyó ayer, por decreto, $ 250 millones del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), en favor de las obras sociales, con lo que dio respuesta efectiva a un fuerte reclamo de las agrupaciones sindicales.

Fuentes gubernamentales sugirieron que ese fue el primer paso del gobierno nacional en favor de una demanda insistente de Hugo Moyano. El titular de la CGT presiona por la distribución de esos fondos, que acumulan en una cuenta del banco de la Nación Argentina unos 6.200 millones de pesos.

El FSR fue creado por ley durante el gobierno de Raúl Alfonsín para equiparar coberturas de los sectores más postergados. Se nutre con parte de los aportes al sistema de salud, pero sus excedentes sin distribuir en los últimos años ocasionaron especiales disputas, en particular entre Moyano y la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña.

La decisión dela presidenta, dispuesta mediante un decreto que firman además el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Salud, Juan Manzur, constituye un fuerte gesto político de la Casa Rosada al poder sindical durante un año de fuerte trascendencia electoral.

Además la medida se dicta en momentos en que la justicia investiga los vínculos de las obras sociales sindicales con medicamentos adulterados, laboratorios que trafican droga en forma ilegal y mecanismos de financiamiento de parte del sistema político argentino.

¿Hasta $ 1.000 millones?

Fuentes gubernamentales citadas por medios capitalinos señalaron que la Casa Rosada completaría este año la distribución de unos $ 1.000 millones, para lo cual habría otros tres decretos escalonados de la presidenta, antes de las elecciones de octubre próximo.

La medida gubernamental establece una forma específica para distribuir los fondos. Sólo el 30 % se asignará en proporción a aportes y contribuciones efectivas de los afiliados a cada obra social, pero otro 27,8% irá en proporción a los afiliados “propios” de la actividad, sin contemplar los transferidos, con lo que se busca premiar a las prestadoras que retuvieron a sus afiliados.

Del resto se asignarán en forma proporcional a monotributistas, jubilados y pensionados, desocupados en período de cobertura, empleados del servicio doméstico y pasantes.

Cabe destacar que por otra parte el gobierno nacional dispuso una transferencia de $ 276,3 millones del mismo Fondo Solidario de Redistribución, con destino a la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo encargado de regular y controlar a las obras sociales.

Más plata de los jubilados al gobierno

El gobierno nacional volvió a usar plata del sistema de jubilaciones para pagar gastos y deuda. Para eso emitió letras del Tesoro por U$S 631,6 millones, y se las entregó al Anses a cambio del pago de un interés anual del 5 %, una tasa muy por debajo de la inflación que descapitaliza el ahorro previsional.

Recién ayer la Casa Rosada publicó en el Boletín Oficial, junto a la distribución de fondos a las obras sociales, el texto de una resolución que adoptó el 23 de noviembre del año pasado.

El 4 de ese mismo mes, el Poder Ejecutivo había dispuesto tomar otros U$S 240 millones de los recursos de los jubilados, en ese caso a un plazo de 90 días y con una tasa anual de 4,5 %.

De esta manera el Estado nacional suma créditos por más de $ 100 mil millones procedentes de la Anses, específicamente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, según un cálculo que esta mañana publica el diario Clarín en nota de Ismael Bermúdez.

Otros $ 70 mil millones, que también administra ese fondo surgido tras la estatización de los recursos que acumularan las AFJP, están invertidos en acciones, plazos fijos y papeles privados.

La Casa Rosada se financia además con recursos de la obra social de los jubilados. El Pami le había comprado al Tesoro, a diciembre último, letras por $ 2.130 millones, aunque otras organismos también aportan a la estrategia por la cual Economía evita el financiamiento externo y el déficit.

De hecho, casi la mitad de la deuda del Estado está en manos de los propios organismos del sector público. El mecanismo ofrece la ventaja de pagar menos intereses de los que se deberían afrontar con otro tipo de financiamiento convencional; pero al mismo tiempo posterga los fines específicos de los fondos que financian al gobierno, y descapitaliza sus ahorros con tasas negativas respecto de la inflación.