Desde la Procuración de la Nación

Aconsejan que la causa Suppo siga en la Justicia de la provincia

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Silvia Suppo fue asesinada mientras atendía su negocio, en pleno centro de Rafaela, la mañana del 29 de marzo de 2010.

Foto: Agencia Rafaela

La decisión final estará en manos de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No obstante, la Procuración considera que no hay motivos para vincular el crimen con causas de lesa humanidad.

 

De la Redacción de El Litoral

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La Procuración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación aconsejó que la investigación por el crimen de Silvia Suppo continúe su curso en la Justicia provincial y desestimó los argumentos esgrimidos por la Cámara de Apelación Penal de Rafaela, para remitirla a la Justicia Federal.

La medida, adoptada el 21 de febrero por el procurador adjunto, Luis Santiago González Warcalde, sostiene la competencia del Juzgado en lo Penal de Instrucción de la Segunda Nominación de Rafaela, a cargo del juez Alejandro Mognaschi, por lo que recomienda a los ministros de la Corte nacional que actúen en consecuencia.

Silvia Suppo, ex detenida política y testigo en los juicios vinculados con delitos de lesa humanidad, fue asesinada de varias puñaladas en la mañana del 29 de marzo pasado cuando atendía el negocio de su propiedad, a pocas cuadras del microcentro rafaelino.

Dos jóvenes se hicieron cargo del homicidio desde el momento en que fueron arrestados, por lo que todo indica que se trató de un “homicidio en ocasión de robo”; pero la participación de la víctima como testigo en juicios contra ex represores tiñó el caso de sospechas.

Competencia

Los cuestionamientos a la investigación y la aparición de un testigo de identidad protegida, que involucró en el crimen a personas ligadas a la última dictadura, hicieron que la parte querellante -hijos de la víctima y la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación- plantee la competencia de la Justicia Federal en el caso.

La Cámara de Apelación de Rafaela hizo lugar a lo solicitado por la querella. Pero el Juzgado Federal Nº 1 rechazó el caso. El incidente de competencia terminó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ahora es la Procuración la que sostiene que no existen motivos para que el expediente sea investigado por la Justicia federal.

“La cámara provincial revocó el rechazo por parte del juez instructor de la declinatoria formulada por la querella, al entender que ‘no es posible afirmar que no exista ninguna sospecha de que lo acontecido con la Sra. Silvia Suppo haya obedecido al propósito de otorgar impunidad a personas imputadas por graves violaciones de los derechos humanos’”, dice el procurador citando el escrito de la Cámara.

Testigo confuso

A propósito de “la declaración de un testigo de identidad reservada” que “habría abierto un nuevo carril de investigación que conduce a un crimen por encargo”, también se habló de la “baja calidad probatoria del aporte del testigo”.

“No sólo la declaración del testigo se contradice con todos los otros elementos de prueba reunidos en estas actuaciones, sino que tampoco logra precisar si el supuesto encargo del homicidio de Suppo, tuvo la finalidad de evitar que declarara en la causante citada o si, en cambio, se vincula con otra, también iniciada por delitos de lesa humanidad, en la que ya había declarado”. sostuvo.

Finalmente “no advierto cuáles serían las razones, de una mejor administración de Justicia que aconsejarían que esta causa continuara su trámite por ante la jurisdicción federal”.

Con tales argumentos, la Procuración opinó que “corresponde declarar la competencia del Juzgado en lo Penal de Instrucción de la Segunda Nominación de los Tribunales de Rafaela, para conocer en esta causa, sin perjuicio de lo que resulte del trámite ulterior”.

 

/// EL DATO

A juicio oral

Más allá del conflicto de competencias planteado ante la Corte, la Justicia ordinaria sigue con la instrucción del proceso penal. Un mes atrás, se conoció que el juez de Instrucción Segunda, Alejandro Mognaschi, corrió traslado a la representante del Ministerio Público en la causa para que efectúe el requerimiento de elevación a juicio contra los confesos autores del crimen. En virtud de ello, la fiscal Nº 1 de los Tribunales de Rafaela, Cristina Fortunato, presentó en febrero el pedido de acusación contra Rodolfo Cóceres y Rodrigo Sosa, a los que se consideran “únicos autores del homicidio”.