Medio ambiente
¿Conservación versus desarrollo?
Alejandro Larriera (*)
Santa Fe, ha sido y es, reconocida como una provincia productora de bienes y servicios, pujante y trabajadora. Todos nos sentimos orgullosos de eso. En el mundo han ido quedando atrás aquellas viejas antinomias entre conservación y desarrollo y hoy sabemos que las dos cosas son mucho más que una posibilidad o un deseo son, en la práctica, una obligación ineludible para que todos ganen.
La pobreza es el peor desastre ambiental que los seres humanos pueden padecer y eso lo vemos a diario en los noticieros. Sin desarrollo no se sale de la pobreza. Pero sin respeto por el ambiente, el circunstancial desarrollo otorga un beneficio de corto plazo, al tiempo que condena -otra vez-, a la pobreza a las generaciones futuras.
Es absolutamente falso que el cuidado ambiental va en contra del desarrollo y desalienta a las inversiones y al crecimiento; prueba de éso es que los países más preocupados por el cuidado del ambiente, tienen mejor estándar de vida y más estabilidad social.
Trabajando con responsabilidad ambiental, se puede producir cada vez más, acceder a mejores mercados y ser mas competitivos; y esta tendencia, lejos de debilitarse, se instalará más profundamente.
Se puede avanzar hacia una “Revolución Productiva” genuina sin necesidad de convertirse en el “Partido Verde”. No se trata de cambiar una flor por un poco de aire limpio, sino de producir mucho, generando bienes, trabajo y riquezas, pero asegurando que esa producción, al igual que sus beneficios, se sostengan en el tiempo. Quienes pregonan que la preocupación ambiental es una traba al desarrollo, no superan ningún análisis de sustentabilidad de corto y mediano plazo. Sobre una matriz económica similar a la que defienden, se estructuró la explotación del tanino en nuestro norte provincial y de caucho en la Amazonía. Se debe comprender que esos tiempos han cambiado; hoy somos muchos más y nuestras responsabilidades son mucho mayores. Los que critican que no se haga la ‘vista gorda’ con algunas empresas a cambio de inversiones, son los que luego reclaman al Gobierno por su inacción ante los desastres ambientales. Las exenciones impositivas son una herramienta válida para el desarrollo, pero las exenciones ambientales resultan más caras a mediano y largo plazo. A no asustarse, se pueden instalar más fábricas, se pueden cultivar más tierras, se pueden ampliar ciudades y construir caminos, pero cumpliendo razonable y responsablemente la normativa ambiental. Las Leyes se cumplen o se cambian, pero no se ignoran.
El contexto mundial, nacional y local
Hoy el tema del Ambiente es una cuestión transversal que atraviesa todas las actividades y compromete el futuro, aunque lamentablemente ocurre que toma estado público, sólo cuando es catástrofe y desaparece de los medios antes de que se empiece a plantear una posibilidad de solución.
Los efectos nocivos de las acciones humanas, comenzaron a evidenciarse apenas instalada la revolución industrial. En los países en los que esta revolución comenzó, también empezaron a intentarse soluciones, preventivas en algunos casos, paliativas casi siempre. Los primeros amagues de regulación se concretaron a partir de la creación de organismos, que funcionaban en los ministerios o secretarías directamente involucrados con la producción. Todas las oficinas ambientales competentes responsables, se encontraban desperdigadas en una infinidad de organismos estancos, sin conexión entre ellas y con escasas posibilidades de generar algún efecto positivo.
A partir de la década del sesenta del siglo pasado, al ritmo de una sostenida preocupación por el deterioro ambiental, las áreas con incumbencia en el tema, comenzaron a agruparse o concentrarse en oficinas cada vez mas grandes y con mejores presupuestos. Esto ocurrió en la mayoría de los países de la Unión Europea, en Ocenía y, obviamente, en Canadá y Estados Unidos. A principios de los noventa, el fenómeno también comenzó a ocurrir en América Latina, especialmente luego de la Cumbre de Río.
En nuestro país, el organismo centralizador fue la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y algunas Provincias como Misiones, San Luis, Mendoza, Salta y Chubut, avanzaron en la conformación de organismos específicos, en muchos casos bajo la forma de Ministerio del Ambiente. Esas dependencias con frecuencia actuaban en combinación con otras áreas gubernamentales y no hicieron más que relegar el tema ambiente a un segundo plano, aunque manteniendo un dudoso rango ministerial.
Nuestra provincia dio un paso fundamental a partir de 1995 con la creación de la -por entonces- “Subsecretaría de Medio Ambiente”, que agrupó a varios organismos preexistentes. Posteriormente la Subsecretaría pasó a Secretaría, y finalmente a “Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable”, cada vez con mejor presupuesto y mayores responsabilidades, por cierto no siempre satisfechas, pero en sostenido crecimiento.
En diciembre de 2007, la nueva Ley de Ministerios le quitó el rango de Secretaría de Estado a Medio Ambiente, designándola otra vez Secretaría de Medio Ambiente, dentro del “Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente”, con una agenda en general absorbida por la atención del área de los servicios públicos. A esto debe agregarse que también se produjo el traslado de vitales responsabilidades de control y fiscalización de la caza y de la pesca al Ministerio de la Producción, retrotrayendo la situación en la práctica, a lo que era unos 15 años atrás. En su momento fueron los mismos legisladores del oficialismo los que expresaron preocupación y reclamaron las correcciones del caso. Probablemente ya es tiempo de revisar y reparar esta cuestión, retomando el camino de la razonabilidad y la re jerarquización.
(*) CSG/SSC/IUCN. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
