El fascismo anda suelto

Después de varios bloqueos a las plantas impresoras de los diarios nacionales Clarín y La Nación, hechos que en algún momento también alcanzaron a la editorial Perfil, ayer se consumó el impedimento total de la distribución de Clarín en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia homónima.

Como en casos anteriores, entre los participantes del hecho de fuerza hubo miembros del Sindicato de Camioneros, algunos integrantes de Hinchadas Argentinas y militantes políticos que acompañaron a trabajadores gráficos en conflicto con la empresa Artes Gráficas Rioplatense (AGR), integrante del Grupo Clarín. El cuadro se completó con la movilización de algunas familias de gráficos.

En la práctica, entre 50 y 100 personas bloquearon la salida de los camiones que distribuyen los diarios Clarín y Olé, y de paso perturbaron la normal distribución del diario La Nación, cuya planta impresora se levanta enfrente de la de Clarín, en el barrio de Barracas. Durante los acontecimientos, los agentes de la Policía Federal destacados en el lugar se limitaron a observar. Poco importó la flagrancia de un delito tipificado en el Código Penal que prohíbe impedir la circulación de publicaciones. O las sentencias previas, concomitantes con la legislación vigente, de dos jueces sobre la misma cuestión. Y la violación lisa y llana de la Constitución Nacional, que le otorga una especial protección la la libertad de prensa porque la considera un vector estratégico, operativo y eficiente para el sostenimiento cotidiano de la institucionalidad democrática y republicana.

Nada de eso importó. La Constitución, las leyes y las sentencias fueron ignoradas. El Estado no movió un dedo, lo que evidenció la hondura de su ausencia. Y un grupo de manifestantes, que se reían impunes ante las cámaras de televisión, hizo lo que le vino en ganas.

El argumento de los manifestantes se centra en un conflicto gremial judicializado del que es parte AGR, la mayor imprenta de obra del país, pero diferente de la planta gráfica en la que se imprimen los diarios Clarín y Olé. Pero al margen del dato físico -que tiene su peso- lo verdaderamente grave es la impune violación de las instituciones y de los derechos a la información y a la libertad de elección de los ciudadanos en orden a sus lecturas. Un grupo de entre 50 y 100 personas violentó la voluntad de 2.000.000 de ciudadanos que pagan por propia determinación el precio de acceso a las fuentes de información y opinión que han elegido.

El episodio, que tiene un indisimulable olor a praxis fascista, pareciera ser un mensaje de lo que pueden hacer con el país ciertos personajes. A falta de marcha a la plaza de Mayo la semana pasada, buenos son los bloqueos a diarios que dicen cosas que no gustan. La primera perjudicada por esta movida ilegal y antidemocrática es la presidente de la Nación, la misma que estuvo en la mira de la suspendida protesta en la plaza cívica más importante del país.