EDITORIAL
El paro en el Registro de la Propiedad
Después de ocho días hábiles, el Registro General de la Propiedad pudo reencauzar su actividad, tras suspenderse los sucesivos paros que realizó el personal nucleado en UPCN en rechazo de la decisión del PE de llamar a concurso público para cubrir 23 nuevas vacantes en el organismo.
La Dirección Provincial del Registro General de la Propiedad es un organismo que entiende en la registración de los documentos por los que se constituyan, transmitan, declaren, modifiquen o extingan derechos reales. También, de medidas cautelares y demás aspectos establecidos por leyes nacionales y provinciales respecto de inmuebles ubicados en la provincia.
La delicada tarea de la Dirección exige de los agentes profesionalidad y un grado permanente de actualización.
El gremio respaldó los paros dispuestos por los empleados y validó la decisión de que los 23 lugares sean ocupados por los más de 30 contratados -a partir de 2008- que hoy tiene la Dirección. Vale señalar que el reglamento del concurso contempla en forma especial la situación de ese grupo de trabajadores, lo que los colocaría en ventaja frente al resto de los ciudadanos que pretenden ingresar a la planta del organismo. Así planteado, se viola la cláusula constitucional de igualdad ante la ley. Los delegados remiten el reclamo a un acta paritaria de 2009 donde se estableció el pase a planta del personal transitorio, hecho que efectivamente ocurrió pero que no mencionó a los contratados.
La medida de fuerza significó la paralización de trámites vinculados con la información sobre bienes registrales y por ende un atraso en la definición de la actividad inmobiliaria. De nada valió la resolución del Poder Ejecutivo de suspender el concurso a la espera del tratamiento en la Legislatura de un mensaje para la creación de nuevos cargos en el Registro necesarios para una serie de transformaciones encaradas por la actual Dirección así como la prestación de nuevos servicios, como folio real, mayor descentralización y la adecuación a las exigencias de las normativas emanadas de la Unidad Información Financiera de la Nación para evitar maniobras de lavado de dinero.
Durante la medida de fuerza prevaleció la defensa de la prerrogativa de algunos agentes -los que nunca vieron peligrar su contrato más allá de ganar o no los respectivos concursos- por sobre las actividades de servicios que presta el Registro para la comunidad y que son sufragadas por impuestos y contribuciones de los usuarios.
Es innegable que el Estado debe profesionalizar cada vez más su gestión y que debe dejar de ser lugar de reparto de prebendas entre la dirigencia política y sindical. La realización de concursos para acceder a cualquier cargo público es el camino más exigente y transparente. Lo que se debe asegurar es la ecuanimidad de los jurados.
En este caso, la paralización del servicio por un tiempo prolongado es cuanto menos el uso excesivo del legítimo derecho de huelga que tienen los trabajadores para defender sus derechos.
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