Por un escándalo sexual en Tostado
Condenaron a siete años de prisión al ex juez Clementín
El fallo fue apelado por la defensa, que pedía la absolución; y por la fiscalía que postuló una pena de 13 años de cárcel. El caso pasará a la Cámara de Apelación Penal de Vera.
La causa se inició el 10 de septiembre de 2008, con una denuncia contra el titular del juzgado, ante la fiscalía del Dr. José Mántaras. Foto: Archivo El Litoral
Juliano Salierno
El ex juez de Instrucción, Correccional y de Faltas de Tostado, Julio César Clementín, fue condenado a una pena de siete años de prisión de cumplimiento efectivo y cuatro años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, por graves delitos en lo que hace a la administración de justicia como de índole privado y con contenido sexual, cometidos durante 2008, cuando subrogaba el cargo.
El fallo, dictado por el juez de Sentencia de San Cristóbal, Fernando Gentile, concluye que existe prueba suficiente como para condenar a Clementín por “haberlo hallado autor penalmente responsable de los delitos de falsificación de documento público, concusión y abuso sexual simple cometido con uso intimidatorio de autoridad o poder”.
Por contrapartida, Clementín fue absuelto “con relación a los hechos que dieran lugar al procesamiento y acusación del mismo como presunto autor del delito de abuso de autoridad”, por aplicación del beneficio de la duda.
Fallo apelado
La sentencia se conoció el 30 de marzo y fue apelada de inmediato por las partes. El abogado Néstor Oroño había solicitado la absolución de su cliente, además de plantear una serie de nulidades que no fueron aceptadas. En cambio, la fiscal de San Cristóbal, Elena Früh, propuso una condena a 13 años de cárcel, más siete de inhabilitación, atento a que el imputado no contaba con antecedentes penales.
Ante la disconformidad de las partes por la sentencia de primera instancia, excesiva para la defensa y exigua para el Ministerio Público Fiscal, el caso se elevó para su tratamiento a la Cámara de Apelación Penal de Vera.
En cuanto al cómputo de la pena, se difiere hasta tanto la sentencia no cobre firmeza y por lo tanto Clementín continuará en libertad.
Clementín es un abogado de 52 años, oriundo de Malabrigo, que alcanzó el cargo de juez subrogante en el Distrito judicial Nº 15, Tostado, perteneciente a la Circunscripción Judicial V de Rafaela. Durante el período en el que se desempeñó en la cabecera del departamento 9 de Julio fue acusado por varios hechos que derivaron en su debacle como funcionario judicial.
Trabajo del fiscal
El primero en prestar atención al caso fue el fiscal de Tostado, José Antonio Mántaras, quien actualmente se desempeña como fiscal de Cámara en Vera.
Una de las víctimas de Clementín se presentó el 10 de septiembre de 2008 en la fiscalía, para hacer la denuncia en la que el juez se encontraba sospechado de pedir favores sexuales a cambio de resolver expedientes, entre otros. Con las pruebas recogidas, el fiscal Mántaras hizo el requerimiento de instrucción, que cayó en manos del juez de Menores de Tostado, Manuel Elpidio Games.
El 1º de diciembre de 2008, el juez Games aceptó “con grado de provisoriedad que los hechos denunciados se han cometido” y el 29 de junio de 2009 procesó a Clementín por varios delitos entre ellos el de “abuso sexual simple, abuso sexual con acceso carnal”.
Además dispuso que el imputado quede preso pero en su casa.
Juicio y acusación
En el camino, el cuestionado juez Clementín pidió licencia por enfermedad, ya que presenta un grado de discapacidad que le sirvió para apartarse de la función durante el período más caliente del caso. Después presentó su renuncia al cargo público e inició el trámite para acogerse al beneficio de la jubilación.
La defensa apeló el procesamiento y planteó un recurso de nulidad que fue rechazado por la Cámara de Apelación Penal de Rafaela, que además confirmó parcialmente el procesamiento.
Una vez cerrada la instrucción, se elevaron las actuaciones al Juzgado de Sentencia de Gentile, en San Cristóbal. El juez abrió la causa a prueba el 27 de julio de 2010 y el fiscal Mántaras fue reemplazado por la fiscal de San Cristóbal, María Cristina Perotti de Secchi y sucedida por Elena Früh.
Esta última fue la encargada de realizar la acusación fiscal y pidió una pena de 13 años de prisión y siete de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, atento a la falta de antecedentes. Entre los delitos más graves que la fiscal Früh consideró probados figuraban el “abuso de autoridad”, “adulteración de documento público” y “abuso sexual simple y acceso carnal abusivo”, la mayoría de ellos en reiteradas ocasiones.
La defensa, a cargo de los abogados Néstor Oroño y Alejandro Otte, postuló que “la fiscalía no ha logrado probar ninguno de los cargos formulados” por lo que pidió su absolución de culpa y cargo.
Las denuncias
Las acusaciones en contra del ex funcionario del Poder Judicial, Julio César Clementín, datan de mediados de 2008, cuando tres mujeres lo denunciaron ante el fiscal por haber solicitado favores sexuales, a cambio de mejorar su situación legal, en expedientes que las comprometían.
El primer registro data del 19 de mayo de 2008 cuando no habría actuado como debía ante la presentación de una denuncia e hizo borrar un registro de llamadas telefónicas a la víctima. Luego, entre el 20 de mayo y 13 de agosto de 2008, lo acusaron de haberle pedido favores sexuales a la denunciante, atemorizándola con dar curso a una causa penal en su contra. El 15 de julio citó a la mujer en su despacho y le dijo “ésta es la causa tuya” y reiteró el pedido de favores sexuales a cambio de “romperlas él mismo”.
Otra secuencia de hechos indica que adulteró libros de guardia del Juzgado; mientras que la tercera secuencia implicó que el 5 de febrero de 2008 hiciera trasladar a una mujer alojada en la alcaidía de la URXII a quien le dijo que si no mantenía relaciones podría quedar “mucho tiempo detenida”. Después la obligó a ir a la casa para tener sexo a cambio de liberar a su hermano que también estaba preso.
Labor fiscal.
El juez de Sentencia Fernando Gentile reconoció mérito a la labor del fiscal del caso, José Antonio Mántaras, ya que “debía investigarse a un miembro del Poder Judicial quien además, poseía la competencia material para investigar delitos de similar naturaleza a los denunciados y que los denunciantes poseían calidad de imputados en causas tramitadas ante el propio denunciado, lo cual obliga a extremar los recaudos en aras de la determinación de la seriedad de los injustos de los cuales tomó conocimiento el Ministerio Público”, dijo.
Pedido de jury.
El procurador general de la Corte Suprema de Justicia, Agustín Bassó, solicitó la apertura de un juicio político, que comenzó a tramitarse a comienzos de 2009. Pero antes de que el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados evaluara la labor del juez Clementín, éste recibió el beneficio de la jubilación el 30 de marzo.
