Por crímenes de lesa humanidad
Procesaron a los jefes del campo “La Perla”
Ernesto Barreiro procesado por torturas y homicidios. Su comprometida situación judicial fue uno de los detonantes de la rebelión “carapintada”.
Foto: Télam
Vergez, jefe de la Triple A y otros conocidos represores como Barreiro están entre los imputados.
DyN
La Cámara Federal de Córdoba procesó por delitos de lesa humanidad al ex jefe del centro de exterminio de la última dictadura “La Perla”, capitán retirado Héctor Pedro Vergez, alias “Vargas” y “Gastón”, se informó en los tribunales.
Además, los camaristas de la Sala A, Roque Ramón Rebak, Luis Martínez y Octavio Olmedo, procesaron al “número dos” en “La Perla”, capitán retirado Ernesto Barreiro, alias “El Nabo”, cuyo caso hace 24 años desató el movimiento militar “carapintada”; al ex comandante Luis Alberto Cayetano Quijano y a Antonio Carlos Burgos, ex jefe del Área Material Córdoba de la Fuerza Aérea.
A Vergez lo procesaron por los homicidios de Pablo Daniel Ortman y Marcelo Leónidas Espeche, mientras que Barreiro, Quijano y Burgos quedaron procesados por el homicidio y torturas de Daniel Héctor Rodríguez, todo ello en 1976 y 1977.
No es el primer procesamiento para Vergez, ya que antes había recibido la misma medida judicial por otros casos de delitos de lesa humanidad perpetrados en Córdoba durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, de 1974 a 1976, por los que irá a juicio en esta provincia.
El ex militar, que está detenido en Campo de Mayo, fue el jefe de la banda terrorista estatal peronista Comando Libertadores de América -versión cordobesa de la Triple A- hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y luego pasó a desempeñarse como jefe de “La Perla”.
“La Perla” funcionó en dependencias del Tercer Cuerpo de Ejército y está considerado uno de los más siniestros centros clandestinos de detención y exterminio del terrorismo de Estado, calculándose que por allí pasaron unos 2.000 prisioneros, torturados y en tránsito a la muerte.
Además, Vergez trabajó para la Side durante el gobierno del peronista Carlos Menem e incluso actuó de “emisario” ofreciéndole un millón de dólares al detenido Carlos Telleldín, hijo del ex jefe del Departamento de Informaciones (D2) de la Policía, para que desviara la atención en la causa Amia.
Asimismo, en democracia, estuvo denunciado por liderar la “Asociación Nacional contra la Usura” (Ancu) que presuntamente extorsionaba a endeudados hipotecarios para quedarse con sus bienes.
En tanto, Barreiro fue un “símbolo” de los “carapintadas”, ya que su caso y el de otros militares dieron origen a la rebelión de Semana Santa de 1987 contra los juicios a sectores castrenses medios e inferiores por crímenes de la dictadura, lo que derivó en la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Barreiro -que en 2007 fue detenido en Estados Unidos, donde vivía, por haber mentido a las autoridades de ese país por los antecedentes penales que tenía, por lo cual terminó deportado a la Argentina- se autoacuarteló en una brigada militar de Córdoba y se negó a comparecer ante la Justicia.
Tras ello se generalizó el movimiento rebelde, liderado por Aldo Rico y Mohamed Alí Seineldín, contra el gobierno de Raúl Alfonsín. Ahora, 24 años después y derogadas aquellas “leyes del perdón” y los indultos posteriores, Barreiro, como muchos otros ex militares, irá a juicio por crímenes de la última dictadura.
