Reunión en el Ministerio de Justicia
Definen aspectos para empezar a aplicar la Ley de Mediación
La discusión giró en torno de los honorarios de los profesionales, y aportes sociales y previsionales. Todos valoraron el encuentro. El sistema pretende reducir los índices de litigiosidad y facilitar la resolución de conflictos.
De la redacción de El Litoral
Abogados, procuradores y funcionarios analizaron ayer en la Casa de Gobierno los alcances del decreto reglamentario de la ley del nuevo sistema de mediación prejudicial obligatoria, en materia civil y comercial. Participaron representantes de los colegios de Abogados de Santa Fe, Rosario, Reconquista y Venado Tuerto. También, del Colegio de Procuradores, de las cajas Forenses y de Jubilaciones de los abogados. Por el Poder Ejecutivo, concurrieron el ministro de Justicia, Héctor Superti; el secretario del área, Roberto Vicente; de Transformación de los Sistemas Judiciales, Carlos Giandoménico; la directora de Desjudicialización de la Solución de Conflictos Interpersonales, María Bressa; y la experta en derecho procesal civil y comercial Andrea Meroi.
En la reunión, se consideraron aspectos vinculados a los aportes, los honorarios y las mediaciones gratuitas previstas por la ley para personas de escasos recursos, en tanto se quedó en un próximo encuentro para abordar otras cuestiones operativas.
Superti explicó que la reglamentación de la ley, aprobada sobre la base de un proyecto enviado a la Legislatura por el Poder Ejecutivo, está a punto de ser terminada, razón por la cual fueron convocados los actores relacionados con el sistema para analizar algunos aspectos fundamentales. “El encuentro fue muy fructífero y tras los aportes recibidos y el intercambio de ideas que se produjo, nos volveremos a encontrar para analizar cuestiones operativas, orgánicas, procedimentales y de informática”, sostuvo Superti.
El ministro dijo que a partir de ello, estarán en condiciones de diseñar un cronograma para la puesta en marcha progresiva del sistema, “que apunta a la pacificación de la sociedad, a disminuir la carga de trabajo de los tribunales y a que la gente encuentre soluciones más rápidas y económicas para sus conflictos”.
Honorarios
Superti admitió que se están buscando mecanismos para “asegurar una adecuada retribución a todos los profesionales que intervienen en una mediación a fin de garantizar también el financiamiento de las cajas de los profesionales del derecho”.
Precisamente, a raíz de ese punto surgieron algunas observaciones y posteriores sugerencias de los abogados, básicamente del Colegio de Rosario. Según dijo a El Litoral su presidente, Ignacio Del Vecchio, uno de los planteos que formularon es que se asegure una remuneración también para los abogados patrocinantes.
“Una vez que se protocoliza el acuerdo entre las partes y se convierte en sentencia, se exigen una serie de aspectos. Por ejemplo, que se hagan los aportes a la Caja Forense y de Jubilaciones. Esto está bien. Del mismo modo, se estipula que el mediador, en caso de que no se le paguen los honorarios, pueda ejercer el derecho de retención, es decir, no prestar el acuerdo para protocolizar. Lo que nos falta -dijo Del Vecchio-, es que la protocolización garantice el pago a los abogados que están patrocinando a las partes”.
Según manifestó con el sistema tal como está previsto, “todos cobran” menos los profesionales que trabajan para alcanzar un acuerdo. “A partir de ello, lo que estamos proponiendo es que también en la protocolización se deje constancia de que esos abogados deben cobrar. El ministro no está de acuerdo -aclaró Del Vecchio-, pero estamos buscando la alternativa para que esto se pueda garantizar”.
La pretensión de incluir ese aspecto en la protocolización busca que el acuerdo, que adquiere fuerza de sentencia, sea también un elemento para que los patrocinantes puedan reclamar después su derecho a cobro. El tema está siendo discutido en el seno de los Colegios, tras lo cual elevarán una nueva propuesta al Ministerio de Justicia.
Sobre la ley
La ley de Mediación Nº 13.151, promulgada en diciembre pasado, establece vías no adversariales y desjudicializadas para la resolución de conflictos, y se encuadra dentro del proceso de transformación de los sistemas judiciales de la provincia.
La instrumentación del sistema, que es competencia del Ministerio de Justicia, será de manera progresiva, y el plazo establecido es de tres años.
El trámite será obligatorio entre las partes, aunque no así el acuerdo. Se estima que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, después de 15 años de vigencia de la mediación, el 70 por ciento de los problemas se arregla en este tramo.
