Malversación y lavado de dinero
Prohibieron a los Schoklender salir del país y realizaron allanamientos
Hugo Moyano -que participó junto a autoridades educativas de la Nación en el Congreso Latinoamericano de Sindicatos Universitarios- salió a defender a las Madres de Plaza de Mayo. Foto: DyN.
El juez Oyarbide accedió al pedido del fiscal Di Lello, quien aludió a un “amplio entramado” de empresas. Dirigentes afines al gobierno denuncian una campaña contra las Madres de Plaza de Mayo.
De la redacción de El Litoral
DyN
La justicia federal allanó domicilios vinculados al ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza Sergio Schoklender, uno de los investigados en la causa por aparente desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas.
Los allanamientos en cuatro sitios fueron ordenados anoche por el juez federal Norberto Oyarbide en el marco de la investigación que inició el fiscal federal Jorge Di Lello.
El magistrado dispuso los allanamientos en base a un pedido de Di Lello y también prohibió, como lo requirió el fiscal, la salida del país del ex apoderado de la fundación y de su sucesor, su hermano Pablo Schoklender.
Di Lello hizo el requerimiento de instrucción al juez federal para que se investigue a los Schoklender por lavado de dinero, defraudación a la administración pública y asociación ilícita y solicitó una veintena de medidas de prueba, informaron fuentes judiciales.
Por otra parte, el diario La Nación informó en su edición de hoy que el magistrado también había requerido a la fundación Madres de Plaza de Mayo que entregue documentos vinculados con las obras que realizaba con fondos públicos.
Los allanamientos se concretaron en la vivienda particular de Sergio Schoklender, en el barrio porteño de Chacarita, en las oficinas de la empresa constructora Meldorek y en otros dos lugares vinculados a las maniobras investigadas.
Los planteos del fiscal
Di Lello -quien virtualmente “despegó” del caso a las Madres de Plaza de Mayo- sostuvo que en la causa se investiga un presunto “desvío de fondos públicos” enviados a esa organización humanitaria por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Planificación Federal para la construcción de casas en todo el país, en el marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas.
El desvío se habría dado “en maniobras que realizara el apoderado de dicha fundación, Schoklender y/o cómplices, direccionando los fondos hacia la empresa Antártica Argentina SA u otras empresas”.
El fiscal desvinculó de los hechos a la titular de la Fundación y de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y al resto de los integrantes de la entidad. Fue cuando sostuvo que son “damnificados no sólo el Estado Nacional sino también una importante y trascendente organización que tiene una trayectoria mundial en la defensa de los Derechos Humanos”, en referencia a las Madres.
Para el fiscal, las maniobras se dieron en un “amplio entramado” de empresas entre las que se encuentran “Meldorek SA”, cuyo director es Sergio Schoklender, y “Antártica Argentina SA”, a cargo de Alejandro Abraham Gotkin, y otras tantas, que se habrían transferido entre sí los fondos estatales.
Además del desvío de fondos, Di Lello pidió investigar el “incumplimiento en la construcción de las casas del Plan Sueños Compartidos, de la provincia de Chaco, resultando construcciones precarias en relación a lo que se habría proyectado” y los precios “de mercado en comparación con otras constructoras”.
También se requirió investigar si Sergio Schoklender es el dueño de una propiedad en la Lonja, partido de Pilar, y de un buque, sobre el cual se solicitó que se determine dónde se encontraría amarrado.
Artera
En tanto, dirigentes afines al gobierno nacional denunciaron una “campaña artera” de difusión mediática en el caso y pidieron que actúe la Justicia para determinar las responsabilidades.
El jefe de la CGT, Hugo Moyano, fue uno de los referentes que pidió que “dejen actuar a la Justicia. Todo el mundo debe dejar actuar a la Justicia”, y evitó responder si el gobierno le “soltó la mano” al ex apoderado.
En tanto, el titular del gremio de los judiciales Julio Piumato calificó como una “campaña artera” la difusión del caso, utilizado “para manchar a las Madres de Plaza de Mayo”.
