Los contratos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo
Otro juez investiga también el programa Sueños Compartidos
El magistrado Marcelo Martínez de Giorgi solicitó a su par Norberto Oyarbide una copia del expediente y de las investigaciones ya realizadas. El Banco Central dio explicaciones sobre el manejo de la lista de morosos. La opinión de Elisa Carrió.
De la redacción de El Litoral
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi le solicitó a los gobiernos de las provincias de Misiones, Chaco y Santiago del Estero y a cinco municipios los contratos y antecedentes que firmaron con la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales.
El pedido fue realizado en la causa donde se investiga si hubo administración fraudulenta de los fondos otorgados por el Estado nacional a provincias y municipios en el marco del Plan Federal de Viviendas con la Fundación. El juez también solicitó los contratos y antecedentes de las construcciones a las intendencias de Ezeiza, Tigre, Almirante Brown, Rosario y Bariloche.
Esas provincias y municipios son los que surgen en la denuncia que presentó el abogado Jorge Vitale, y que dio inicio a la causa, para que sean investigados junto a la Fundación por la construcción de viviendas.
Además, el juez requirió a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y a la Auditoría General de la Nación (AGN) todos los informes que tengan de controles y auditorías sobre los contratos realizados por Madres con las provincias y los municipios. Y además, pidió al BCRA que le informe si la Fundación tiene cuentas bancarias. Los pedidos fueron hechos a solicitud del fiscal Miguel Angel Osorio, quien ayer requirió investigar “a quienes hubieran firmado los contratos”, tanto funcionarios públicos como directivos de Madres de Plaza de Mayo.
Por ahora la investigación no está dirigida a ninguna persona en particular sino que “habrá imputados según lo que surja del avance de la investigación”, explicó un vocero.
Las fuentes señalaron que también se buscará determinar si una Fundación puede hacer contrataciones directas con provincias y municipios y en qué calidad estos gobiernos recibían los fondos del Estado nacional, o sea si como préstamos o por coparticipación federal u otros mecanismos.
La causa se inició por una presentación en Tribunales del abogado Vitale para que se investigue si hubo anomalías en contratación, pagos, ejecución y calidad de las viviendas. La acción fue dirigida contra el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y la titular de Madres, Hebe de Bonafini, pero el requerimiento del fiscal no los nombra. En rigor, todos los pedidos realizados por el juez están dirigidos a nombre de la Fundación Misión Sueños Compartidos, ya que así surge de la denuncia, pero ese nombre no existe sino que la Fundación Madres de Plaza de Mayo tiene el programa Sueños Compartidos, a través del cual realizan las viviendas.
En ese marco, Martínez de Giorgi le solicitó al juez Norberto Oyarbide una copia de su causa para saber qué investiga y si tiene información sobre los contratos firmados entre las provincias y los municipios con Madres. Las fuentes calificaron de “prematuro” que las causas se acumulen en un mismo juez porque la de Oyarbide está en un estado avanzado -hubo allanamientos y pedidos de información-, mientras que en la de Martínez de Giorgi recién se están dando los primeros pasos.
No hubo control del Estado
Tal como informó El Litoral en la víspera, concurrieron a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, y el subsecretario de Vivienda, Luis Bontempo, dos funcionarios del ministerio que conduce Julio De Vido.
Ante los legisladores confirmaron que el monto total de fondos públicos nacionales invertidos en las obras que realizan las Madres supera los 1.250 millones de pesos. De ese monto, 765 millones ya se pagaron y otros 500 se prevé pagar de acuerdo con el avance de las obras. Con esos recursos se financiaron 4542 casas y 11 centros de salud.
En medio de un debate tenso, los funcionarios culparon a Sergio Schoklender, ex apoderado de las Madres, de cometer una estafa. Pero negaron que existieran sobreprecios en la construcción de las casas y sostuvieron que el dinero involucrado en la estafa no salió del programa de viviendas.
Por su parte, los diputados opositores cuestionaron al gobierno por la falta de controles en el uso de los fondos públicos pero los funcionarios sostuvieron que era “las jurisdicciones las encargadas de contratar y de controlar”.
“Nosotros financiamos las obras y auditamos la cuenta para ver si el dinero se aplicó a la obra. Auditamos la obra sólo si hay alguna denuncia. Pero no recibimos denuncias de las jurisdicciones”, dijo Bontempo en un tramo de las cuatro horas que duró la reunión en el Congreso.
Fatala aseveró que la contratación directa de las Madres era legal y argumentó que los programas en que intervenían no eran sólo de construcción de viviendas sino que eran planes que usaban la obra pública como factor de inclusión social, ya que empleaban a habitantes de las villas o barrios marginales donde se hacían las casas. “Nosotros no tenemos trato directo con las Madres, sino con las jurisdicciones”, dijo.
