Sobre caso Schoklender
“La corrupción se combate con políticas de Estado”
Lo aseguró el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pidió mecanismos de transparencia para la gestión pública y privada. “Hay una falla del sistema”, remarcó.
De la redacción de El Litoral
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el juez Ricardo Lorenzetti, advirtió que “la corrupción se combate con políticas de Estado”, al referirse al escándalo que se desató por el caso de Sergio Schoklender, el exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo acusado por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.
“Para combatir la corrupción, se necesitan políticas y programas sostenidos en el tiempo y una batería de medidas, no una sola, ya sea aumentar las penas, bajarlas o cualquier otra”, analizó durante una entrevista con un matutino porteño.
El magistrado consideró además que, puntualmente, en ese caso se produjo una falla del sistema: “Por ejemplo, si hubiera mecanismos de transparencia para la gestión pública y, también, para la privada -porque muchas veces los privados forman parte de la corrupción pública- los hombres tendrían menos margen de error”, subrayó.
Además, reclamó “mejorar” los mecanismos de control y “tener un sistema coherente en materia legislativa, que creen instrumentos para evitar la evasión y dejen menos espacio al delito”.
¿Sobreprecios?
En otro orden, un informe presentado por una diputada de la Coalición Cívica sobre los emprendimientos que Schoklender administraba para Madres de Plaza de Mayo denunció que sólo se ha construido un 35 % de lo pactado, a pesar de haberse destinado ya casi todo el presupuesto.
Fernanda Reyes, integrante de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, aseguró que en el Plan Federal de Construcción de Viviendas hay “discrecionalidad en el manejo del dinero, sobrecostos en su ejecución, y falta de transparencia para conseguir la información” y acaba de presentar un informe actualizado hasta junio para probarlo, siendo muchos de los datos desconocidos hasta el momento.
La primera información que se revela es que de las 420 mil viviendas que se pactaron construir, sólo se concluyeron un total de 143.959, lo que equivale a un 35 % del total. Por otra parte, la legisladora indicó que del presupuesto que se estableció inicialmente para el proyecto ascendió a $ 21.276.900 millón de pesos, y que hasta el día de la fecha se giraron más de 19.363.690, es decir, más del 90 % del total. En base a esos guarismos, se determinó que las viviendas que se construyeron hasta ahora registran un sobreprecio de 256 %.
Solicitada de respaldo a Madres
Organismos de Derechos Humanos se unieron en una solicitada para respaldar a las Madres de Plaza de Mayo, en medio de la investigación por supuesta malversación de fondos públicos por parte del exapoderado de la Fundación de la entidad que conduce Hebe de Bonafini, y advirtieron que se está utilizando el tema para “desprestigiar la honrosa tarea de las Madres” y “para agredir al gobierno”. El texto, publicado este domingo en varios matutinos de alcance nacional, lleva las firmas de las Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y la agrupación Hijos. “Ante los hechos de público conocimiento”, los organismos de Derechos Humanos advierten que “la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia no puede ser manchada ni atacada por ningún grupo económico ni político, que intente desprestigiar el arduo y comprometido camino que hemos recorrido en más de treinta años”. En ese sentido, recuerdan: “Todos nosotros surgimos del dolor más profundo que significa el habernos arrancado a nuestros familiares y habernos negado durante tantos años el derecho a la Justicia”.
“Estamos convencidos de que la Justicia será la encargada de resolver la situación del exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo”, dicen, pero de inmediato advierten: “No podemos dejar de lado que en el momento de máximo avance hasta ahora en la Justicia, a 10 años de la apertura de la causa que involucra el derecho a la identidad de Marcela y Felipe Noble Herrera, se pretenda poner en duda la legitimidad de nuestra lucha”.
