Editorial

Descalificaciones en el INADI

El escándalo provocado en el INADI por el señor Morgado y la señora Rachid trasciende la anécdota o el acontecimiento singular protagonizado por dos funcionarios incompetentes o irascibles, para poner en tela de juicio una manera de concebir el poder y de beneficiarse con él. A la hora de la reflexión no deja de ser sintomático que lo sucedido en el INADI haya coincidido casi cronológicamente con el otro escándalo que compromete al gobierno nacional: el de la facción de las Madres de Plaza de Mayo lideradas por la señora Hebe de Bonafini.

En principio no deja de llamar la atención -y si se quiere, no deja de ser patético- que las máximas autoridades de una institución cuyo objetivo es la lucha contra todo tipo de discriminación y la defensa de los hábitos de la tolerancia y la comprensión, se dediquen a insultarse y a descalificarse mutuamente con los peores términos. La intervención de la policía para frenar conductas que iban más allá de los excesos verbales, evidencia la gravedad política de lo sucedido.

Si bien el gobierno nacional decidió despedir a los dos funcionarios que había nombrado, con el propósito de cauterizar con rapidez un escándalo comprometedor, Morgado y Rachid continuaron imputándose a los gritos delitos reales e imaginarios, aunque a juzgar por lo que dicen los testigos y los números, es muy probable que sean más reales que imaginarios.

Tal como se presentan los hechos, da la impresión de que el gobierno nacional no les perdona el escándalo a sus ex funcionarios. Morgado y Rachid no perdieron sus estimulantes empleos por ser corruptos, sino por no haber respetado, como se dice en las jergas del poder, “los códigos”. Ahora se sabe que, en pocos años, el INADI triplicó su presupuesto y quintuplicó su planta permanente sin que ninguno de estos despliegues de gastos se hayan justificado en términos de eficiencia.

A nadie escapa que el INADI funcionó más como una institución de propaganda del oficialismo y de sanciones a opositores que como un organismo dedicado a proteger derechos humanos. No deja de llamar la atención que la única causa que permitió promover fue la presentada por un burócrata sindical oficialista contra un dirigente opositor que en uno de sus discursos de campaña se refirió a los pobres en términos supuestamente racistas. De más está decir que el INADI nunca dijo una palabra cuando la señora Bonafini -por ejemplo- calificó con términos antisemitas al periodista Horacio Verbitski o descalificó a los bolivianos por su condición racial.

En la designación de los directivos también predominó la tendencia a provocar golpes de efectos antes que la preocupación por crear instituciones que cumplan con sus fines. La imprevisión, el oportunismo y la demagogia tarde o temprano se pagan. En este caso, el escándalo estalló más temprano que tarde. La pregunta, entonces, es la siguiente: ¿En cuántas instituciones públicas están ocurriendo hechos parecidos que no trascienden por razones de “código”?