Denunciaron torturas y tratos vejatorios

Robaron para escapar de un centro de rehabilitación

Télam

Cuatro jóvenes que denunciaron haber sido torturados cuando estaban internados en una comunidad terapéutica para drogadictos, en la localidad bonaerense de Tortuguitas, serán sometidos a juicio oral desde el lunes, acusados de haber robado dinero y encerrado a sus celadores para escapar y regresar a sus casas.

Si bien este expediente ya llegó a juicio, en otro paralelo en el que se investigan los malos tratos recién la semana pasada se llamó a indagatoria a los imputados por “lesiones”, las cuales en su momento fueron corroboradas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, denunció uno de los abogados defensores.

El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 4 de San Martín, integrado por los jueces Julio Di Giorgio, Mónica De Benedetto y Agustín Gossn, que escuchará a unos 40 testigos.

La primera audiencia, con la intervención de la fiscal Paula Leiva, comenzará a las 8.30 del lunes próximo en los tribunales ubicados en Ricardo Balbín 1753, en San Martín.

Los jóvenes, que ahora se encuentran en libertad, llegan al debate acusados de “robo calificado por el uso de armas”, delito que prevé una pena de entre 5 y 15 años de prisión. Se trata de Mauricio Melo, Marcelo Viñas, Alvaro San Juan y Matías Reinoso, actualmente de 25 años, pero que al momento del hecho tenían 19, explicó a Télam el abogado defensor Walter Reinoso.

Los cuatro denunciaron que como “medidas educativas”, los coordinadores los mantenían gran parte del día en un pozo de tierra que les hacían cavar y donde, luego, les arrojaban agua podrida; que simulaban ahogarlos en una pileta de natación y que los obligaban a desplazarse con los codos.

Todo comenzó en 2005, cuando los chicos fueron enviados por el juez de menores de Tucumán, Oscar Ruiz, a la Fundación Hoffman de Buenos Aires, que nunca los recibió porque no rehabilitaba a drogadictos y los derivó a la comunidad terapéutica Volver a Empezar, ubicada en Tortuguitas.

El magistrado los mandó a Buenos Aires porque en Tucumán no había centros de rehabilitación para adictos a marihuana y cocaína, y el gobierno de esa provincia decidió firmar un convenio con la fundación, presidida por el psiquiatra Silvio Hoffman, conocido por sus apariciones televisivas.

Después de estar varios meses sufriendo los malos tratos, el 1º de abril de 2005 los chicos tucumanos les pidieron a tres coordinadores que los dejaran irse; éstos se negaron y la situación se desmadró.

Aparentemente, algunos de los jóvenes amenazaron a los celadores con palos y cuchillos, los ataron y los dejaron encerrados en un baño; además, se llevaron algo de ropa, un celular -para que no pudieran reportar la fuga- y 70 pesos para volver a su provincia.

“También quisieron dar aviso a la policía, pero fueron detenidos y permanecieron presos dos meses, ya que no les creían su versión”, recordó el abogado Reinoso.

Los jóvenes explicaron que cometieron el robo porque necesitaban escapar del maltrato al que eran sometidos, pero el juez de Garantías Mariano Grammatico Mazzari, que los envió a juicio en 2006, echó por tierra sus argumentos y rechazó los pedidos de sobreseimiento, pese a admitir la existencia de los vejámenes.

“Sin perjuicio de señalar que existe una coincidencia al menos general acerca de los tratos vejatorios que se les propinaban a los internados, no avizoro circunstancias suficientes que me permitan arribar a un veredicto desincriminatorio”, sostuvo el juez por entonces.

Reinoso, representante de dos de los damnificados, explicó que “si se prueba que cometieron algún delito, hay que entender que fue por las condiciones en las que se encontraban y está justificado por los vejámenes que sufrían constantemente”.

“La propiedad no puede ser un bien superior a la libertad y a la integridad física. Los jueces deberían entender que si la actitud no es ‘justificante’, tendría que ser ‘disculpante’, se les debe disculpar la conducta que tuvieron”, remarcó.

Reinoso recordó que esta causa y la que investiga los malos tratos fueron iniciadas por el fiscal de San Martín Héctor Scebba, pero mientras que la primera ya está en etapa de juicio, en la otra recién la semana pasada se citó como imputados a Hoffman y a Carlos Nenninc, quienes manejaban la clínica.

Otra causa pendiente, que Scebba denunció ante otra fiscalía, es la que investiga la presunta estafa cometida al Estado tucumano, que le pagaba a la Fundación Hoffman para rehabilitar a los chicos y en realidad los derivaba a otro lugar.

Luego de la fuga, se descubrió que la fundación no estaba habilitada para ofrecer tratamientos a drogadependientes, y la comunidad Volver a Empezar fue clausurada por la Municipalidad de Malvinas Argentinas.