Sin gas natural, los más pobres triplican su consumo eléctrico
La EPE bajó en 5 puntos, desde 2007, las llamadas “pérdidas no técnicas” de energía. Cada invierno se dispara la demanda de los hogares más vulnerables, con redes precarias e irregulares. Son unos 130 mil en toda la provincia.
De la redacción de El Litoral
Un hogar pobre, que tiene sólo focos, un televisor, una heladera y algún otro electrodoméstico encendidos a lo largo del año, puede llegar a triplicar -y como mínimo duplicar- sus consumos de energía eléctrica, cuando llegan las temperaturas más bajas del año.
Al enchufarse una o más estufas, en esas viviendas la demanda de potencia se incrementa entre el 100 y el 200%.
Las cifras con que cuenta la Empresa Provincial de la Energía indican que unas 130 mil viviendas en la provincia (el equivalente al 70% de los hogares vulnerables) usa la calefacción que proporcionan las estufas eléctricas comunes. El reparto geográfico de los sectores excluidos no es proporcional a la población: en el sur provincial está el 60% y en el centro-norte el 40%.
Si una de esas casas usualmente demanda una potencia de un kilovatio (es decir, 1.000 vatios) en invierno sus necesidades básicas suben a 2 ó 3 kilovatios.
Quien lea con detenimiento las cuartillas impresas de las estufas eléctricas verá una indicación sobre su consumo, expresado en unidades con las que pocos están familiarizados: “1.200 W”, en algunos sistemas con expulsores de aire caliente o “1.000 W” en las de “velitas” o resistencias. Son, en efecto, mil vatios. O lo que es lo mismo, un kilovatio (kW/h), la unidad con que la EPE mide los consumos a sus clientes regulares.
Se estima que durante los meses de calor es lo mismo, o peor, porque la temperatura (alta) extrema suele extenderse más días. Y el contexto de alto consumo de energía es común a todos los sectores sociales.
¿Quién paga?
Una investigación realizada por la Empresa Provincial de la Energía y el Ministerio de Desarrollo Social, en la que Trabajadores Sociales hicieron una labor de campo -y además se cruzaron datos de planes sociales y censales- permitió establecer que 7 de cada 10 hogares pobres (ambos organismos prefieren hablar de “hogares vulnerables”) cuentan con la energía eléctrica como único medio de calefacción.
El dato muestra a las claras que el grueso del peso económico de subsidiar la calefacción de esos sectores corresponde al Estado provincial y no al nacional, que subsidia el gas envasado (la garrafa social).
En todo caso, a quienes sí subsidia mayoritariamente el Estado Nacional es a las amplias capas medias y altas que gozan del gas natural por redes a un precio bajo por donde se lo mire: en términos internacionales, en comparación con otros servicios (en costos y calidad), y hasta desde una perspectiva histórica. Acaso un resultado no deseado de esa tarifa subsidiada sea la proliferación de lujosas instalaciones en bañeras y piscinas climatizadas, de consumo irracional de un bien que -aunque se queme alegremente muchas veces sin necesidad- es escaso.
10.000 por año
La EPE y el ministerio trabajan en un plan provincial que se traza un objetivo de largo plazo: “Luz y Agua seguras para todos”. En rigor, la distribuidora eléctrica es uno de los actores del programa que une a Desarrollo Social con el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente.
La labor del plan hoy puede verificarse en San Agustín Uno y Dos y en otros sectores del noroeste de la ciudad de Santa Fe. Allí los usuarios de hecho se transforman en clientes regulares de la EPE, bajo la modalidad de las tarifas sociales.
Esos vecinos, además de sacarse de encima el mote de “enganchados”, acceden a instalaciones eléctricas seguras, una factura que les permite mostrar para contratar más servicios y hasta lograr pequeños créditos en comercios minoristas. Se vinculan con el sector público que -vía Ministerio de Desarrollo Social- atiende con más proximidad sus necesidades educativas y sus oportunidades.
El concepto que domina al plan es de la “construcción de ciudadanía”. La provisión de los servicios públicos como un camino para que el ciudadano se reconozca con esa condición.
El plan ha fijado un objetivo muy ambicioso: regularizar la provisión de energía eléctrica a 10.000 hogares por año. En 2011, si todo sale según lo previsto, será el turno de una licitación de redes para dar vuelta el panorama eléctrico en Alto Verde; allí hay nada menos que 6.400 hogares.
El Estado provincial aporta una línea de financiamiento para las obras eléctricas necesarias.
