Editorial

La Justicia relegada

El 20 por ciento de los juzgados federales del país no está cubierto. Más de 140 ternas están a la espera de que el Poder Ejecutivo escoja un candidato y envíe el pliego respectivo para su consideración en el Senado. Han transcurrido ocho meses y medio sin ninguna decisión al respecto. Hay 60 ternas en las que el retraso supera el año.

Cada uno de estos datos tiene entidad suficiente para encender señales de alerta sobre el funcionamiento del Poder Judicial en nuestro país. Pero todos ellos conjugados permiten establecer con claridad la atribución de responsabilidades y, más allá de habilitar la indagación sobre los motivos, resultan harto elocuentes acerca del temperamento adoptado en la materia por la cabeza del poder político.

La tardía y escueta remisión de cinco pliegos al Congreso en los últimos días frenó la acumulación de vacantes, ternas desatendidas y tiempo de retraso antes descripto, pero aún está lejos de paliar la gravedad de la situación. En todo caso, los actores públicos que protagonizaron los más insistentes reclamos al respecto o se convirtieron en los críticos más acérrimos de la falta de respuesta, admiten su valor simbólico pero depositan sus esperanzas en que no sean casos aislados, sino que representen un giro en los acontecimientos y la voluntad de encarar la cuestión de otra manera.

La relación de la gestión Kirchner con la estructura judicial nunca estuvo exenta de complicaciones y avatares traumáticos. Así fue desde las polémicas puntuales por pronunciamientos adversos y los cuestionamientos genéricos hacia el funcionamiento del Poder Judicial, hasta los intentos por controlar los procedimientos de selección y remoción de magistrados, pasando por el uso de distintos y no siempre sutiles mecanismos de presión.

Por eso, tanto desde la presidencia de la Nación como a través de funcionarios inferiores hubo embates públicos contra los jueces, se rediseñó el Consejo de la Magistratura hasta obtener poder de veto, se desempolvan o archivan jurys de enjuiciamiento, o se dirigen virulentos llamados telefónicos desde la Casa Rosada a los principales despachos de Tribunales.

Pero sobre todo -e incluso más allá de todo ésto-, lo que parece primar en el gobierno es el desprecio o el desinterés por la Justicia, relegándola a la condición de poder de segunda o al de una molestia irremediable con la que hay que lidiar para llevar adelante los propios proyectos y propósitos. La liviandad con que se desobedecen órdenes expresas de los magistrados cuando no se condice con ellos es una muestra palmaria. Y lo mismo podría decirse del sistemático relegamiento aplicado a la cobertura de vacantes; por no hablar de la escasa receptividad a los planteos de la Corte en cuanto a la necesidad de crear más juzgados.

La suma de estos factores erosiona el debido respeto de los derechos de la ciudadanía -al punto de llegar, en muchos casos, a la denegación de justicia- y revela una visión de la institucionalidad tan precaria como alarmante.