Editorial

Avances en la reforma de la Justicia Penal

Mientras en la Justicia Federal se profundizan las demoras para cubrir cargos esenciales y el Ejecutivo no toma las decisiones necesarias para acelerar el envío de los pliegos de candidatos al Congreso, en nuestra provincia, después de idas y vueltas, avanza en el proceso de implementación del nuevo Código Procesal Penal.

Es cierto que existieron tropiezos y que, incluso, la Legislatura provincial debió prorrogar los plazos fijados inicialmente para el funcionamiento pleno de los cambios. Pero la transformación iniciada en Santa Fe es profunda y exige replantearse desde la base un sistema arcaico que, incluso, se contraponía a la Constitución Nacional reformada en 1994.

Hace aproximadamente un mes, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se anunció el llamado a concurso para cubrir 220 cargos de fiscales y defensores, que integrarán la estructura de las flamantes instituciones de la nueva justicia penal: el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa Penal.

El proceso avanza como estaba previsto. Tanto es así, que alrededor de 500 profesionales ya se inscribieron para concursar por la posibilidad de acceder a cargos en las distintas categorías. En estos momentos, se están procesando los pedidos para determinar quiénes están en condiciones de llegar a los concursos y completar, de esta manera, una nueva etapa en la implementación del sistema.

El objetivo es realizar cuatro grandes concursos para elegir a los miembros del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio de Defensa Penal, dos en el norte y dos en el sur. La facultad de Ciencias Económicas de la UNL se encargará del soporte administrativo. La idea es llegar a septiembre con la cantidad suficiente de fiscales y defensores en todo el territorio de la provincia. También está disponible el presupuesto para incorporar a 800 agentes que actúen de soporte para dichos fiscales y defensores. Los cargos deberán ser aprobados por la Legislatura.

Por delante queda mucho trabajo que, además, demandará importantes inversiones en materia económica. En este contexto, la construcción de la infraestructura edilicia adecuada para el nuevo sistema procesal no debería seguir demorándose. Hace poco tiempo, el Colegio de Abogados de Santa Fe manifestó su preocupación en este sentido y reclamó avances en el nuevo edificio destinado a la justicia penal en la ciudad.

La capacitación del personal judicial y de los nuevos cuerpos de investigadores representará otro paso clave para el éxito de los cambios.

De todos modos, y a pesar de los problemas, queda claro que a partir de la aprobación del nuevo Código Procesal Penal -promulgado durante la última gestión de Jorge Obeid como gobernador-, la provincia de Santa Fe mira hacia adelante y trabaja en la implementación de un sistema moderno que abre la posibilidad cierta de una Justicia más justa y eficiente para una sociedad que la necesita de manera imperiosa.