Hace más de una década
A juicio por contrabandear mesas de pool
El tribunal está integrado por el juez José María Escobar Cello -presidente- y los vocales, María Ivón Vella y Ricardo Moisés Vázquez. Foto: Mauricio Garín
Los imputados son dos hermanos que regenteaban un conocido local de la Recoleta santafesina. La Afip les reclama haber evadido unos 200.000 dólares.
De la Redacción de El Litoral
Este jueves comenzó el juicio oral y público contra dos empresarios santafesinos, denunciados por contrabando, a mediados de la década de 1990. La Aduana de Santa Fe descubrió que la empresa Arigato Corporation, al mando de los hermanos Daniel Oscar Reiderman y Roberto José Reiderman, había ingresado al país 85 mesas de pool que no estaban declaradas y cuyos precios no se ajustaban al valor real de mercado.
Tal como lo publica el portal web Notifé, los imputados afrontan cargos por el delito de “contrabando agravado de mercaderías por utilizar documentos falsos o adulterados”, y están siendo juzgados por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por el juez José María Escobar Cello -presidente-, y los vocales María Ivón Vella y Ricardo Moisés Vázquez.
Los imputados llegaron a juicio en estado de libertad, acompañados por su defensor Gustavo Bustos. La acusación correrá por cuenta de la Aduana, que se constituyó como querellante a través de los abogados Héctor Musuruana y Rosa Warlet; y por el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Martín Suárez Faisal.
Errores ortográficos
La causa penal se inició el 6 de noviembre de 1998, cuando el director de Aduana denunció el hecho en el Juzgado Federal Nº 1, que entonces estaba a cargo de Víctor Brusa -ahora condenado por delitos de lesa humanidad-.
El personal de Aduanas que recibió el cargamento constó errores de ortografía en las facturas de importación, que estaban en inglés. Ese habría sido el disparador para una investigación en la que los empresarios locales están imputados de haber falsificado facturas al menos en seis oportunidades.
Los ahora acusados eran importadores de juegos y accesorios, provenientes de Estados Unidos, a través de la empresa Valley Recreation Inc. Para desbaratar la maniobra, la Aduana santafesina contó con la colaboración del Servicio de Aduana de Detroit, que aportó elementos de prueba para apoyar la acusación.
El requerimiento de elevación a juicio data del 8 de mayo de 2006; y cinco años después el caso llega a juicio por una evasión denunciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos que se estimó en U$S 200.000.
Durante las audiencias se espera que pasen dieciocho testigos, muchos de ellos empleados de los organismos públicos que trabajaron e intervinieron en el caso, hace más de una década.
