Editorial
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México, EE.UU. y el narcotráfico
Algunos buenos motivos tiene el presidente de México, Felipe Calderón, para reprocharle a los EE.UU. que el excesivo consumo de drogas en ese país es el responsable de la riqueza acumulada por los narcotraficantes. Según las cifras oficiales, desde 2006 los muertos por causa de este flagelo superan el número de cuarenta mil, un promedio de ocho mil personas por año.
Para el mandatario azteca, Estados Unidos es también responsable de haberle vendido armas a los criminales y habérselas vendido a un precio accesible, facilidad que les permitió declararle la guerra al Estado mexicano con los costos humanos conocidos. Especialistas en el tema aseguran que a esta altura los narcotraficantes disponen de recursos como para adquirir armas en otros mercados. Pero ello no exime de culpa al gran vecino del norte, cuyas autoridades hicieron poco y nada para evitar que los criminales se proveyeran de armas en la zona fronteriza.
En México como en EE.UU. se discute si no ha llegado la hora de modificar la estrategia de lucha contra el narcotráfico, promoviendo, entre otras medidas, la legalización del consumo de droga. La iniciativa está alentada por reconocidos intelectuales y políticos, pero da la impresión de que en Washington sus autoridades no se entusiasman con esta solución.
Por lo pronto -dicen los partidarios de no innovar- no se ha probado que la legalización disminuya el consumo de drogas y las actividades ilegales. Es más, aseguran que hay buenos motivos para creer que si se diera un paso en esa dirección todos los problemas se agravarían y en EE.UU. el número de drogadictos se multiplicaría.
A nadie escapa que el problema es serio y no tiene posibilidades de solución en lo inmediato. Pero lo más grave de todo es que si bien el narcotráfico preocupa a los funcionarios yanquis al punto que dedican miles de millones de dólares para combatir este delito, no hay soluciones efectivas a la vista.
De todos modos, los problemas más serios se presentan en los países ubicados al sur del río Bravo, porque allí las instituciones son más débiles y los estados más ineficientes y corruptos, realidades que alientan la expansión del narcotráfico y los mercados consumidores.
El tema es tan grave que en el caso de México se ha llegado a plantear la posibilidad de declararlo Estado fallido. No es probable que la iniciativa prospere por ahora, pero ya es grave que en algún momento alguien haya pronunciado estas dos palabras. Pero más allá de las discusiones legales, por lo pronto se sabe que el narcotráfico no sólo enfrenta a las autoridades sino que corrompe a las estructuras estatales.
La tragedia mexicana de alguna manera afecta a Estados Unidos, porque en estas condiciones son cientos de miles los mexicanos que optan por trasladarse por vía legal o ilegal al país vecino. Los emigrados son personas comunes, pero también hay narcotraficantes que reproducen en las ciudades norteamericanas sus prácticas delictivas. Las protestas por parte de los ciudadanos estadounidenses contra los emigrados mexicanos obedecen a estas causas.