Ordenan auditoría contable en el municipio
Continúan las indagatorias por las fotomultas de Calchaquí
Cuatro inspectores de tránsito y una empleada del Juzgado de Faltas declararon este mes; mientras que otras dos personas fueron citadas para octubre.
Juliano Salierno
La denuncia penal realizada por el Defensor del Pueblo de Santa Fe, Edgargo Bistoletti, por el presunto cobro ilegal de infracciones de tránsito en el cruce de Ruta Nº 11 y bulevar Belgrano de Calchaquí, continúa engrosando el expediente que desde comienzos de julio se tramita en el Juzgado de Instrucción de Vera, a cargo del Dr. Luis Octavio Silva.
Este mes, el magistrado tomó declaración indagatoria a cinco personas, que se suman a las anteriormente realizadas al intendente de Calchaquí, Rubén Cuello; al juez de Faltas de esa ciudad, Manuel Eugenio Valiente y su secretario Sergio Catán.
Todos ellos fueron requeridos por el supuesto delito de “exacciones ilegales”, en el marco de la causa denominada “Fiscalía de distrito Nº 1 sobre requerimiento de instrucción referente a infracciones de tránsito, Municipalidad de Calchaquí” (Expte. Nº 435/2011).
En ese contexto se prevé que comparezcan en los primeros días de octubre, un funcionario municipal y el apoderado en Santa Fe de una de las empresa investigadas.
“Exacciones ilegales”
A propósito de las medidas realizadas en lo que va de septiembre, el fiscal Gustavo Gon confirmó que “días pasados el juez de Instrucción Silva, recibió declaración indagatoria a una empleada auxiliar administrativa del Tribunal de Faltas, y cuatro inspectores municipales”.
Durante la audiencia fueron impuestos de los hechos que se investigan y de la probable responsabilidad penal que su participación o coautoría podría acarrear en cuanto al delito de “exacciones ilegales”.
En términos generales “refirieron que en su oportunidad el intendente municipal los había reunido invocando que existía una ordenanza del Concejo Deliberante de Calchaquí que había autorizado la firma del convenio con las empresas Estrategic Group SA y Sertran, exhibiendo el convenio y la ordenanza que lo habilitaba para la aplicación y cobro de las foto multas”.
Los declarantes contaron “cómo era el procedimiento para constatar las infracciones y el trabajo que realizaban junto con las empresas que prestaban dicho servicio”. Los inspectores municipales por su parte, reconocieron “que cobraban un adicional por la tarea de constatar infracciones con las fotomultas”.
“Abuso de funciones”
Las exacciones aludidas refieren a que “como funcionario y/o inspector de tránsito de la municipalidad de Calchaquí, en abuso de sus funciones, hayan suscripto actas de infracción en blanco donde además de su formato preimpreso, sólo se consignaban en manuscrito la fecha, hora y número de dominio vehicular”.
Asimismo, haber “solicitado, exigido, intimado o hecho pagar indebidamente, esas supuestas infracciones de tránsito verificadas personalmente o registradas mediante un dispositivo automático de captación de imágenes”.
Las fotomultas son relativas a cruce de semáforos en rojo, circulación sin luces bajas, etc., realizadas a diversos automovilistas que circulaban por el tramo de la Ruta Nacional Nº 11 y bulevar Belgrano del ejido urbano de esa ciudad de Calchaquí, desde el 2008 hasta el año en curso.
Otras medidas
Además de las declaraciones de los principales actores, la Justicia cuenta con elementos de prueba de tipo documental, como un informe pedido al secretario de Hacienda y Finanzas Municipal, Oscar Marelli, respecto de las sumas de dinero ingresadas por lo recaudado de multas desde el año 2009 hasta junio de 2011.
También agregaron al expediente las copias enviadas por el Defensor del Pueblo de Formosa, de multas aplicadas a personas domiciliadas en dicha provincia y las presentaciones realizada por el funcionario ante el Juzgado de Faltas Municipal de Calchaqui.
A propósito de un exhorto remitido al Juzgado de Instrucción de Ushuaia, respecto del secuestro de copias de los estatutos de la empresa Estrategic Group SA con sede social en dicha ciudad, la Justicia local cuenta con dicho estatuto y constató que efectivamente la empresa cuenta con una oficina en el punto más austral del país.
No obstante, aguardan respuesta de la Afip sobre la existencia, número de Cuit, domicilio de la sede social y sucursales de las empresas prestatarias Distribuidora Sertram SA y Estrategic Group SA, que fueron las encargadas de suministrar, tanto el soporte tecnológico, como el andamiaje administrativo.
Banco Nación.
La Justicia aguarda, desde hace más de un mes, la respuesta de un oficio dirigido al Banco Nación, para que informe de la titularidad de la cuenta, individualización, imputación de los depósitos, si obedecían a conceptos de pagos por actas de infracción (labradas por la Municipal de Calchaquí), copias certificadas de dichos cupones de pago de las infracciones.
El juez de Vera, Luis O. Silva, investiga la relación del municipio con las empresas que concesionaban el servicio de radares. Foto: Archivo El Litoral
Pericia contable
En los próximos días, se llevará a cabo una pericia contable en la Municipalidad de Calchaquí, “para determinar los pagos realizados por las empresas Distribuidora Sertram SA y Estrategic Group SA al municipio; el flujo de prestaciones y contraprestaciones dinerarias y transferencias bancarias derivadas del convenio para procesos y gestión de cobro de infracciones”, se explayó el fiscal Gustavo Gon. Para llevar a cabo semejante empresa, el juzgado contará con la presencia del perito contador de la Corte Suprema de Justicia.
En la lista de preguntas pendientes que se hace la Justicia, figuran “entidades y cuentas recaudadoras, personas físicas o jurídicas que habilitaran dichas cuentas, montos brutos consignados a dichas cuentas, cuentas bancarias donde ingresaban las transferencias. Discriminación contable en los asientos, balances y presupuestos. Porcentaje de recursos destinados a materia de educación vial, y si se devengaron pagos en conceptos adicionales a los inspectores municipales”, entre los más destacados.
