Votan cambios a la norma vigente
La veda pesquera quedará en manos del Poder Ejecutivo
La Cámara de Diputados dispuso que sea a partir de marzo del año próximo. Entienden que el recurso pesquero se regula con medidas ya vigentes como los cupos.
Está firme la próxima veda que comenzará en diciembre, ya que de aprobarse por parte del Senado el proyecto, la decisión del Ejecutivo entrará en vigencia a partir de marzo de 2012.
Foto: amancio alem
De la redacción de El Litoral
La Cámara de Diputados votó una serie de cambios a la vigente ley de pesca de la provincia (la 12.212) que -entre otras medidas- autoriza flexibilizar la veda que hoy rige desde diciembre a febrero y restringe el transporte de procesados previendo severas sanciones para los infractores.
La iniciativa votada y girada en revisión al Senado se originó en un proyecto del radical Leonardo Simoniello quien propuso eliminar la época de veda vigente pero que no encontró el eco suficiente en el justicialismo que propuso dejar la decisión en manos del Poder Ejecutivo que deberá fundamentarlo año a año en informes técnicos y el aval del Consejo Provincial Pesquero.
“La captura en el río hoy ya se puede regular con las disposiciones nacionales de cupos exportables y las provinciales con cupos de extracciones”, señaló Simoniello quien subrayó que el objetivo de los cambios es disponer nuevas medidas para preservar el recurso ictícola.
Si bien el tema está en manos del Senado que deberá convalidar la votación de Diputados lo que sí queda firme es la próxima veda a partir de diciembre ya que la decisión del Ejecutivo entrará en vigencia a partir de marzo de 2012.
Cada época de veda provocó conflictos con sectores de pescadores que en no pocas ocasiones llegaron a cortar rutas en reclamo de la inclusión o exclusión de algunos de los empadronados. El otro dato es que veda tras veda fue bajando el número de pescadores beneficiados con el cobro del subsidio previsto en la ley.
También el proyecto votado incorpora el artículo 43º bis al capítulo 5 que prohíbe el transporte y la comercialización de productos procesados de la pesca que no cuenten con el origen acreditado en una planta habilitada por la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria o Senasa.
Además, instituye cambios en cuanto a quiénes realizarán las funciones de vigilancia y control, así como las atribuciones de los inspectores. Por otro lado, el artículo 57 bis se agrega para especificar los casos en los que se podrá retener provisoriamente los permisos y certificados del chofer y del vehículo para acopio de transporte de productos vinculados. La aplicación y graduación de las sanciones previstas quedarán supeditadas a la evaluación de la gravedad y trascendencia de la infracción y los beneficios económicos obtenidos por el infractor. También se modifican algunas pautas vinculadas con la tramitación de las actuaciones administrativas, intentando establecer reglas que brinden mayor eficacia y transparencia.
“Las reformas planteadas pretenden establecer reglas que brinden mayor claridad, transparencia y eficacia como marco de actuación tanto para las autoridades de control como para quienes desarrollen actividades pesqueras. Todo en función de la máxima preservación del recurso, atendiendo las actuales modalidades de los diferentes actores involucrados. La idea es trabajar con marcos de dureza para los infractores y establecer reglas claras para quienes pretenden, en el marco de la ley, llevar adelante prácticas comerciales con un recurso que es de todos”, afirmó Simoniello.
Desarme voluntario
La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley, autoría de Simoniello, que implementa una política provincial con relación al Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. La propuesta establece que el Poder Ejecutivo creará una Comisión Provincial de Promoción del Desarme Voluntario, que estará a cargo de desarrollar e implementar acciones complementarias y de difusión del programa.
Entendiendo la comunicación como herramienta clave para la eficiencia de la aplicación del plan de desarme, entre las acciones que el Ejecutivo deberá concretar es colocar en las boletas del Impuesto Inmobiliario y la Patente Única sobre Vehículos, un logo de identificación del mencionado programa para lograr difusión en la población en general. El desarrollo de campañas publicitarias, por Internet, medios gráficos, televisivos y radiales, será elemento tendiente a difundir toda la información relevante en materia de desarme y toda otra estrategia complementaria que se implemente en este sentido en el ámbito provincial.
Según Simoniello, “es fundamental para el éxito del programa que todos los actores involucrados realicemos los esfuerzos para difundirlo. El involucramiento de los Estados provinciales y municipales es uno de los factores que genera mayores niveles de entrega de artefactos”. Destacó que la ciudad capital fue la que más armas entregó y ahora, en la segunda etapa en poco más de cuatro meses los vecinos ya entregaron más de 600 armas.
La sanción de la ley nacional Nº 26.216 declaró la emergencia nacional en materia de tenencia, fabricación y compraventa -entre otras cuestiones- de armas de fuego, municiones y explosivos registrados o no, durante el término de un año. Luego, dicho programa fue prorrogado pro decreto y por la ley 26.520.
El 13 de octubre del 2010, el Congreso de la Nación sancionó a través de la ley Nº 26.644 una nueva prórroga, posibilitando la extensión del mismo por el término de dos años.