La puja por la autonomía de los organismos de la nueva Justicia Penal

Ganón denuncia “trabas” de la Corte y amenaza con un recurso

El defensor provincial atacó una acordada del Tribunal, que “obstaculiza” el nombramiento de los administradores generales de la Acusación y la Defensa.

De la redacción de El Litoral

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El defensor provincial Gabriel Ganón salió al cruce de una acordada de la Corte, por medio de la cual el Alto Tribunal ordena que se le remitan “todas las actuaciones” del proceso de selección y nombramiento de los administradores generales para el Ministerio de la Acusación y el Servicio de Defensa, reservándose el derecho de habilitar o no las designaciones. El funcionario advirtió que si el organismo Corte vulnera el mandato y las potestades que el nuevo sistema atribuye a los nuevos institutos, acudirá con un recurso extraordinario ante la Corte nacional y los organismos internacionales de derechos humanos, “en defensa de la autonomía funcional y autarquía financiera, absolutamente indispensable para satisfacer el sistema de enjuiciamiento acusatorio”.

En una nota remitida esta semana, Ganón notifica que él “no convalida ni consiente ningún tipo de control de legalidad ni de mérito por parte de la Corte Suprema con respecto al proceso de selección y nombramiento”, ya que con ello está vulnerando la autonomía y autarquía concedida a los nuevos organismos de la Justicia penal por las leyes 13.013 y 13.014.

En capilla

El fiscal general Julio de Olazábal propuso -en octubre pasado- al contador Carlos Riboldi como administrador general del Ministerio de la Acusación, y a Marcelo Hidalgo como director de la Escuela de Capacitación. En tanto, Ganón propuso como administradora a Alejandra Benavídez. “Mientras esto siga trabado, no se puede avanzar con los demás cargos necesarios para que los nuevos organismos empiecen a funcionar de una vez. La Legislatura ya los aprobó, como se había solicitado, pero no podemos seguir si no tenemos al funcionario encargado de crear la estructura y asignar funciones”, explicó Ganón a El Litoral.

“La Corte tenía dos caminos -añadió-: o declaraba inconstitucionales las leyes, como pidió el procurador Agustín Bassó y el tribunal no aceptó hacer, o si admitía su constitucionalidad, respetarla. Lo que hace este poder que está dentro de la Corte es poner obstáculos de manera permanente, y así demora el proceso”.

Posturas diferenciadas

El defensor aludió de esta manera al propio Bassó, al presidente de la Corte Rafael Gutiérrez y al ministro Eduardo Spuler, que son quienes sostuvieron la inconstitucionalidad de las leyes de la Acusación y la Defensa, y reclamaron mantener las atribuciones de la cabeza del Poder Judicial en materia de nombramientos, disposición del personal, régimen disciplinario y superintendencia. Pero también extendió el reproche a Mario Netri y a Roberto Falistocco -en el caso de este último, lo hizo cara a cara en la nueva reunión de la Mesa del Diálogo, que tuvo lugar esta semana- ya que, aun con un voto más moderado, permitieron el “bloqueo”.

“Le dije que con su voto estaba volviendo inconstitucional en la práctica la aplicabilidad de las leyes, porque vulnera la autonomía y autarquía de los nuevos institutos, que es imprescindible para el funcionamiento del nuevo sistema penal”, relató Ganón a este diario.

La votación de la acordada 74 de la Corte (de fecha 22 de noviembre) se completó con las posturas de Daniel Erbetta y María Angélica Gastaldi, que también pidieron los antecedentes de los propuestos, pero al solo efecto de habilitar la postulación, y en consonancia con lo dispuesto por las leyes 13.013 y 13.014.

Al respecto, Ganón no puso objeciones -y de hecho, ya había enviado con antelación los datos de la candidata propuesta, previa solicitud del ministro Erbetta- pero sí cuestionó el carácter del requerimiento impulsado por Bassó, Gutiérrez y Spuler, e incluso el “inadecuado y abusivo lenguaje utilizado”, al “ordenar” la medida.