El debate por la Constitución

Por su propia naturaleza, toda discusión sobre una reforma constitucional -al menos, en la medida en que ésta no esté focalizada en un punto único y excluyente, como podría ser el caso de la reelección- abarca diversos aspectos y factores. Por un lado, en lo que hace específicamente a cada uno de los temas a ser abordados. Por el otro, por la conjunción o contraposición de intereses políticos que resulten involucrados. Y finalmente, por el ánimo de la sociedad al respecto.

No obstante, el debate que contiene toda esta multiplicidad de elementos suele cifrarse en dos grandes ítems aglutinantes: necesidad y oportunidad.

En el caso de la Constitución de Santa Fe, el primero genera muy pocas dudas y parece contar con amplio consenso político. El actual texto data de 1962 y no sólo omite todas las innovaciones recogidas por la reforma de la Constitución Nacional de 1994 y los tratados internacionales que desde entonces forman parte de ella, sino también una serie de organismos y procedimientos que en los últimos años se han incorporado al funcionamiento institucional de la provincia. Entre ellos, algunos ya tan enraizados como la Defensoría del Pueblo, o el Consejo de la Magistratura como organismo encargado de la selección de candidatos a jueces.

Un caso especial lo constituye la fundamental e imprescindible reforma del sistema procesal penal, todavía en curso de concreción, que permitió adaptarlo a las exigencias internacionales y de la Corte Suprema argentina en materia de derechos y garantías, pero cuya implementación choca con algunas de las viejas previsiones de la Constitución santafesina, lo cual generó jurisprudencia discrepante en la provincia, supuso un obstáculo para los cambios e incluso redundó en una confrontación entre poderes públicos.

El otro punto central, del que este diario se ocupó extensamente y que cuenta con el respaldo unánime de los expertos en derecho -y que cobró particular actualidad con los resultados de los últimos comicios provinciales- es el de la normativa electoral y, particularmente, la distribución de cargos surgidos del voto popular y el acceso a las bancas legislativas.

De modo que, sobre esta base, la cuestión sistemáticamente meneada cada vez que se plantea el tema, es la que compete a la oportunidad. Al respecto, la sobrecarga proselitista de este año bloqueó la posibilidad de avanzar con el proyecto presentado por el oficialismo. Pero tal cosa no ocurrirá el año próximo, y no parece que las previstas dificultades económicas basten para superponer otra vez el argumento de las “urgencias” para soslayar los debates de fondo institucionales; que además proveerán una inmejorable ocasión para ejercer la proclamada búsqueda de consensos, y ponerlos por encima de la pujas coyunturales. Sobre todo, considerando que en abril el actual texto constitucional completará un ciclo de 50 años.