Entre editores y dirigentes políticos

Alerta por la ley de papel diario

Tras la solicitada de Adira, Adepa advirtió que la norma viola principios constitucionales y terminará en la Justicia.

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El Senado protagonizará desde el miércoles su propio maratón “exprés”, para convertir en ley la batería de proyectos que la semana pasada obtuvo media sanción en Diputados.

Foto: DyN

 

De la redacción de El Litoral

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Agrupaciones de editores de periódicos, legisladores y dirigentes políticos volvieron en las últimas horas a manifestar su “preocupación” por el avance del gobierno en el control de la prensa, a partir de la sanción de diputados al proyecto oficialista sobre fabricación, venta y distribución de papel para diarios.

La iniciativa, que para ser convertida en ley será tratada esta semana en el Senado, amenaza con terminar en la Justicia, dado que abogados y empresas del sector advirtieron que una norma como la que diseñó el gobierno choca contra los principios constitucionales que consagran la libertad de imprenta, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica y la Declaración de Chapultepec.

Si bien la presidenta Cristina Fernández dijo el viernes que buscaba “democratizar” el sistema para que, entre otros, los “pequeños diarios del interior” tengan igualdad de condiciones en el insumo básico, la asociación de los periódicos de las provincias, Adira, advirtió que “el Estado no debe intervenir en las decisiones relativas a la venta y distribución del papel” y reclamó a las autoridades “reflexionar sobre las reales necesidades del sector editorial del interior”.

En ese marco, el presidente de Adepa, Carlos Jornet señaló que “este tema lamentablemente va a terminar en la Justicia”, al tiempo que lamentó que la mayoría del oficialismo “torna dificultoso el debate. No se dieron las condiciones mínimas para que el debate se diera con mayor profundidad”.

El director periodístico de La Voz del Interior reiteró su preocupación sobre “el modo tan acelerado en el que se dio el debate y la aprobación del dictamen por parte del comisión” para regular el papel de diarios. “Nos preocupa, porque entendíamos que había otros aspectos a tener en cuenta, si lo que se buscaba era dar mayores garantías para los diarios más pequeños, que son los que más dificultades tiene para conseguir este recurso básico”, apuntó el editor. Y señaló a radio El Mundo que el proyecto “tiene muchos aspectos cuestionables y esta ley atrasa 30 años” porque fue “pensada para otro contexto nacional e internacional donde escaseaba el papel. Debería tener en cuenta los consumidores de papel y no quedarse con el resabio de un conflicto”.

Superar el conflicto

En tanto, la senadora del FAP y periodista Norma Morandini se sumó a las críticas al proyecto oficial y reclamó “superar la discusión entre el gobierno y el grupo Clarín”, que en la tapa de la edición de ayer de su diario expresó su oposición al proyecto y citó el artículo 32 de la Constitución Nacional que garantiza que el Congreso no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta.

La ex candidata a vicepresidente reconoció la necesidad de “garantizar el acceso al papel para diarios, pero no con las formas del gobierno”.

Desde el oficialismo, el jefe del bloque de los diputados kirchneristas, Agustín Rossi, reiteró que con la norma oficial “lo que se busca es que el papel se venda en un precio equitativo para todos” y recordó que “los opositores a la iniciativa habían acusado al gobierno de querer expropiar Papel Prensa, cuando eso no ocurrió”.

Rossi consideró que en el oficialismo “no tenemos inconveniente que Papel Prensa siga siendo de Clarín y La Nación, pero que abastezcan de papel a los diarios del país sin necesidad de importar”.

Medias verdades

El ex jefe de Gabinete nacional, Alberto Fernández, dijo que “no” lograba “entender cómo va a funcionar y en qué consiste esto que es de interés público. Quisiera que el debate fuera más franco, sincero y honesto. Si se trata de ponerle fin a un monopolio me parece espléndido, pero si se trata de ser el dueño del monopolio no me parece bueno. Me parece que se están contando muchas medias verdades y así lo único que no conoce la gente es la verdad”, acotó.

El diputado duhaldista Eduardo Amadeo, en tanto, dijo a radio 10 que en realidad se discutía “un tema de concentración de poder” cuando se debatió el caso en el plenario de comisiones. “No es un problema técnico sobre la oferta de papel en el mercado, lo que estamos declarando de interés público o sujeto a control del Estado es el pensamiento libre”, resaltó.

Y recordó que en su intervención le dijo a los oficialistas: “Muchachos, les tengo una mala noticia y es que la libertad de expresión de la gente se da de mil maneras, con Internet, con el boca a boca, más allá de los delirios autoritarios que tienen ustedes. La realidad los va a pasar por encima, hoy o mañana”.

En la solicitada publicada ayer, los diarios del interior que integran Adira señalaron que “el Estado no debe intervenir en las decisiones relativas a la venta y distribución de papel” y reseñaron la “grave inequidad tributaria” que afrontan desde hace 13 años.

Preocupa la norma antiterrorista

Representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, agrupadas en el colectivo en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, se reunirán hoy en el Congreso para cuestionar el proyecto de Ley Antiterrorista, que recibió media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación y será analizado esta semana en el Senado.

El encuentro, convocado para las 15 en el Salón Cabezas del Congreso, finalizará con una conferencia de prensa en la que los integrantes de las ONG darán a conocer los alcances de la iniciativa. Según anunciaron en un comunicado, el proyecto es “violatorio de las más elementales libertades democráticas” y “un retroceso alas conquistas logradas por los organismos de derechos humanos durante todos estos años”.

“Bajo el pretexto de combatir delitos graves y sus fuentes de financiamiento, el proyecto modifica la ley antiterrorista existente aprobada en 2007 y agrava y profundiza aún más la criminalización de la protesta social”, sostuvieron.

El texto fue firmado, entre otros, por la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (Aedd), Agrupación por esclarecimiento de la masacre Impune de la Amia (Apemia), el Centro de Abogados por los Derechos Humanos (Cadhu) y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), entre otros. Días atrás, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), junto a otras organizaciones nacionales e internacionales, expresó su “profunda preocupación” frente al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional en el Congreso.

Para el Cels, el proyecto de legislación antiterrorista utiliza conceptos tan abiertos e imprecisos que “hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social: en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o simples actos de protesta en el espacio público”.

De Brasil

La Asociación Nacional de Diarios de Brasil (ANJ según su sigla en portugués) consideró “extremadamente preocupante” el proyecto oficialista y criticó la “coacción” y el “autoritarismo” del gobierno nacional en el caso. “El proyecto dará al gobierno argentino el poder de limitar el acceso de las empresas periodísticas al papel, una evidente amenaza a la libertad de prensa”, señaló ANJ en un comunicado.

No tenemos inconveniente en que Papel Prensa siga siendo de Clarín y La Nación, pero que abastezcan de papel a los diarios del país sin necesidad de importar”.

Agustín Rossi, jefe bloque diputados FPV.

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En nombre de la democracia se limita lo que define la democracia, que es la libertad de prensa”.

Norma Morandini,

senadora FAP.

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