EDITORIAL

Congreso acelerado

La aprobación de doce leyes en el Congreso en el lapso de once días, constituyó un récord histórico por rapidez y volumen, pero a la vez asumió un carácter decididamente inédito por la trascendencia de las iniciativas aprobadas.

El número supera cualquier otro antecedente desde 1983 y concentra en una semana y media un nivel de actividad mayor al exhibido por el Parlamento argentino en el resto del año, e incluso podría decirse lo mismo de los cuatro años del primer mandato de Cristina Fernández.

En cuanto a la importancia de los proyectos, su sola enunciación exime de reseñar sus contenidos para tasarla: reformas al Código Penal vinculadas al terrorismo, paquetes impositivos, prórroga de la emergencia económica, límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros, nuevo estatuto del peón rural, intervención del Estado en la provisión de papel a los diarios, presupuesto.

Cualquiera de estas propuestas hubiera merecido largas horas -por no decir semanas- de debate en comisiones antes de llegar al recinto. En cambio, aquí obtuvieron rápidos dictámenes favorables en reuniones plenarias ad hoc, y luego se convirtieron en leyes como si estuviesen montadas en una cinta transportadora: una detrás de la otra, y sin más demora que la necesaria para que los referentes de la oposición dejasen sentados sus cuestionamientos y rechazos -o adhesiones-, el oficialismo expusiera discursos refrendatarios y las amplias mayorías predeterminadas cumpliesen con el rito de la sumatoria de manos levantadas.

Naturalmente, el mecanismo para definir la suerte de cada proyecto es incuestionable, de la misma manera que la existencia de una mayoría automática; dado que si uno es esencial e inseparable de la práctica democrática, la otra deriva de las instancias electorales constitucionalmente previstas a tal efecto. Lo reprochable es que se utilice el imperio del número para sumir a la discusión en la intrascendencia, y para establecer la automaticidad en relevo del tiempo requerido para el intercambio y sopesamiento de argumentos, para la dinámica de la confrontación de ideas, para la reflexión y la profundización.

Este automatismo desprovisto de margen para la criticidad es el que ha llevado también, en bloque, a los representantes de las provincias a apoyar sin atisbo de duda medidas y previsiones que perjudican a sus distritos -o que resultan cuanto menos cuestionables-, obligándolos a ensayar públicamente explicaciones inconsistentes, o a procurarse el piadoso refugio del silencio.

En todos los casos, un pobre papel para un órgano al que el discurso oficial pretende asignarle la recuperación de un rol protagónico, y también para un oficialismo que, lejos de apoyarse en el genuino respaldo popular obtenido para abrir el debate sobre los temas que afectan a la sociedad, lo utiliza como canal rápido para imponer sus dictados bajo la forma de un trámite obligado resuelto a gran velocidad.