La insoportable levedad de la emergencia
Eloy Rodríguez
Este período seco trajo aparejada la insoportable aplicación de la emergencia, una medida enmascarada en una preocupación coyuntural por parte del gobierno provincial.
Ni siquiera constituye un placebo con contenido de solución para los productores que padecen la crisis, quienes junto al Estado parecieran tomar la sequía como algo circunstancial sin darse cuenta que se trata de un comportamiento climático de carácter cíclico, conforme a las estadísticas pluviométricas de los últimos 100 años.
Con un caso práctico se puede comprobar al inutilidad de la medida. Para un predio de 200 hectáreas al pequeño productor se le difieren $ 1.200 anuales de tasa por hectárea (tomando el costo de un litro de gasoil por hectárea por año, a $ 6 el litro de gasoil) y $ 400 de Impuesto Inmobiliario Rural (cuyo avalúo fiscal data de 1993), pagaderos en forma cuatrimestral, más algunas deducciones que se pueden hacer en Impuesto a las Ganancias.
Uno de los pocos aspectos positivos que brinda la sequía -sino el único- es que permite la iniciación de las obras de infraestructura definitivas para solucionar el tema más acuciante del departamento 9 de Julio, distrito con 30.000 habitantes sin agua constante y de buena calidad, de los cuales el 30% tiene sus necesidades básicas insatisfechas.
Seguramente la solución definitiva provendrá de la construcción de un acueducto, con toma en el Río Paraná (Romang-Vera-Tostado, por ejemplo, o con una pendiente más al norte, es tema de técnicos en la materia), aunque se hable de un emprendimiento de entre 7 y 10 años de duración con una alta inversión. Más allá del costo, darle prevalencia a la seguridad sanitaria de la población es la prioridad.
Se debería dejar de porfiar con la ejecución de un acueducto con toma en el Río Dulce, a la altura de Atamisqui (Santiago del Estero), por tratarse de un río endorreico -sin salida al mar a través de otro curso fluvial- sometido a la evaporación, de escaso cauce en buena parte del año y sometido a la contaminación minera, de empresas cítricas, de papeleras y otras industrias.
También se presentan contraposiciones sobre el acueducto a cielo abierto construido paralelo a la Ruta 91-S, que nació como acueducto ganadero y hoy es fuente para todo uso. Un canal que -según datos brindados por un funcionario de la cartera hídrica- le representó a la provincia un costo de alrededor de $ 7.000.000 en el año 2011.
Ante este panorama de falta de inversión en la infraestructura hídrica que el noroeste reclama a gritos, hablar de emergencia suena a desangelado, ya que fundamentalmente al pequeño productor le representa un diferimiento en el pago de ciertas obligaciones fiscales que una vez vencida la emergencia deberá afrontar doblemente, ya que se sumará a la vigente en ese momento.
Realmente las sucesivas emergencias se tornan insoportables por ser una ayuda casi sin sentido.
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