Incertidumbre entre los empresarios
Ya atiende la ventanilla “única” para tramitar las importaciones
El gobierno dice que el nuevo sistema ahorrará costos y defenderá a la industria de productos que podrían llegar al país con dumping. Desde la oposición, sostienen que es para frenar la baja en el superávit fiscal.
Ricardo Echegaray tendrá a su cargo el control del sistema. Foto: DyN
De la Redacción de El Litoral
DyN
El sistema de control de las importaciones anunciado por el gobierno comenzó a regir hoy con la puesta en marcha del sistema denominado ventanilla única y la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) para quienes intenten ingresar bienes al país.
Paralelamente -y a pesar de que el sistema fue anunciado por el gobierno como de ventanilla única electrónica-, los importadores deberán también informar por mail al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, respecto de las mercaderías extranjeras que pretenden ingresar.
La medida -que generó preocupación en el sector empresario local y también en los países del Mercosur- implica que los importadores deberán presentar una nota de pedido, detallando, entre otras cosas, el valor unitario y total de la mercadería que desean ingresar, así como también su posición arancelaria.
El ingreso de esos datos se hará vía electrónica y, de acuerdo con lo señalado por el administrador federal de Ingresos Públicos (Afip), Ricardo Echegaray, que tiene a su cargo la instrumentación del sistema, el pedido se aprobará o se rechazará entre las 72 horas y los 10 días de haberse presentado la solicitud.
Según Echegaray, el nuevo sistema “le permitirá ahorrar costos” a los importadores, ya que “la información anticipada sirve para que los controles fitozoosanitarios y de comercio exterior, y para que los que quieran importar, sepan qué productos no pueden ser ingresados”.
Una vez ingresados los datos, y en el período que va entre las 72 horas y los 10 días, los organismos vinculados con el control del ingreso de esa mercadería como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el Registro Nacional de Armas (Renar), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) o la Secretaría de Comercio Interior, entre otros, deberán presentar sus objeciones, caso contrario, la mercadería quedará autorizada para ingresar.
Sin piso ni techo
Pese a que se había especulado con la posibilidad de que se establezca un piso a partir del cual se efectivice el control -medida que fue solicitada por el sector empresario para agilizar el abastecimiento de insumos- el gobierno no fijó un parámetro en ese sentido, por lo que todas las importaciones deberán someterse al nuevo régimen.
El control de las importaciones tiene como verdadera finalidad asegurar el superávit comercial previsto para este año, el cual se estima debería alcanzar entre los 10 mil y 12 mil millones de dólares.
Al respecto, Echegaray había destacado que la medida se enmarcaba en las decisiones que se deben tomar “para enfrentar la crisis que se vive en el mundo”.
Es más, respecto de los cuestionamientos formulados desde otros países, especialmente desde Brasil y Uruguay, el titular de la Afip puntualizó que medidas como las que hoy se comienzan a aplicar cuentan con el aval de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y del Mercosur, a través de una decisión adoptada en 2004, y que ya fue aplicada en los Estados Unidos y la Unión Europea (UE).
Desde Repsol piden hablar con Cristina
Antonio Brufau, máximo referente de Repsol -dueño de YPF- llegaría en las próximas horas al país con el propósito de entrevistarse con la presidenta. Las acciones de la petrolera retrocedieron tanto en Buenos Aires como en el viejo continente por los rumores de estatización de la firma.
Repsol mantiene el 58 % de YPF, en la que la familia Eskenazi tiene un 25 %. La firma distribuyó el 90 % de sus utilidades y achicó su margen de inversión, cuando la presidenta está reclamando expandir la producción energética en el marco de más importaciones y pérdida de reservas hidrocarburíferas.
El gobierno mantiene en sus manos una “acción de oro” dentro de la petrolera. Roberto Baratta, el secretario de Energía, es miembro del directorio de la empresa.
Tras la audiencia con la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, el director ejecutivo Comercial de YPF, Alfredo Enrique Pochintesta, afirmó que la compañía “ha bajado los precios” y “se encuentra cumpliendo la medida” dispuesta por el gobierno. Repsol había negado cobrar sobreprecios de sus ventas a granel de gasoil.
El ministro de Planificación denunció hace dos semanas un “abuso de posición dominante” en la venta de gasoil no sólo de YPF, sino también de Shell, Esso, Petrobras y Oil Combustibles. La denuncia fue calificada entonces como “injustificada” por YPF, compañía que controla el 65 % del mercado local.
Tras la denuncia el diario Página 12 informó sobre un debate interno en el oficialismo para estatizar YPF, lo que disparó el temor de los españoles y la caída de las acciones.
