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editorial

Superávit fiscal, déficit energético y estatización

El gobierno nacional se empecina en librar una batalla a fondo a favor del superávit fiscal y una de las principales armas para cumplir con ese objetivo es la reducción de las importaciones. En realidad, la preocupación central del oficialismo en este tema es la actual crisis energética, crisis expresada en el hecho incontrastable -y sorprendente para muchos- de que el país ha dejado hace rato de ser autosuficiente en la materia.

Como se recordará, Néstor Kirchner sostuvo desde que llegó al poder que los empresarios productores de energía habían obtenido enormes ganancias en la década del noventa, motivo por el cual había llegado la hora de proteger de manera indiscriminada a los consumidores subsidiándolos o impidiendo el aumento de las tarifas. El resultado de esa estrategia pronto se hizo notar: los empresarios no reinvirtieron y cayó la producción con los resultados previsibles. Unos años después intentó paliarse ese error con algunos programas de estímulos a las inversiones -Petróleo Plus y Refino Plus, por ejemplo- pero los resultados estuvieron muy lejos de ser satisfactorios.

El tema económicamente no es menor. El año pasado el monto de las importaciones superó los nueve mil millones de dólares y para este año está previsto que oscile alrededor de los doce mil millones. Como suele ocurrir cuando la actividad de una empresa privatizada está por debajo de las expectativas, los voceros del gobierno empiezan a batir parche a favor de las estatizaciones. Ello explica que en estos días en ciertos círculos del poder se hable de la reestatización de YPF, un rumor que hasta ahora el único efecto que ha provocado es una moderada caída de la cotización en Bolsa de las acciones de la empresa.

Atendiendo a los datos de la realidad, habría que decir que por ahora la retórica de la reestatización no va más allá de los chisporroteos verbales a los que suelen ser afectos ciertos funcionarios del gobierno. En términos prácticos reestatizar nos representaría un costo de alrededor de 16.000 millones de dólares. Ni siquiera esas inversiones alcanzarían si al mismo tiempo no se dispondría de socios e inversiones tecnológicas actualizadas. El panorama sería catastrófico si, además, el gobierno decidiera otorgarle la conducción de la flamante empresa estatal a la “militancia” de “la Cámpora” cuya “eficiencia” en la materia la está demostrando todos los días en la administración de Aerolíneas Argentinas.

Lo cierto es que el horizonte energético que se abre hacia el futuro inmediato está muy lejos de ser promisorio. Mientras tanto, para sostener el superávit fiscal el señor Guillermo Moreno ha profundizado su política de restricción a las importaciones. Hoy ya no sólo tiene limitado el ingreso las clásicas “bagatelas” de origen asiático, sino también a insumos que necesitan las empresas locales, todo ello en el contexto del acelerado desmantelamiento de subsidios con los que el gobierno pretendió en otro momento conquistar una franja del electorado.