EDITORIAL

La ley Sáenz Peña y la democracia real

Es un error conceptual o por lo menos una apreciación incompleta sostener que la ley 8.871, conocida como Ley Saénz Peña, se redujo simplemente a introducir una mejora en la manera de votar que hasta entonces practicaban los argentinos. Como bien lo dijera Natalio Botana y -con sus particulares lecturas- la mayoría de los historiadores que se han preocupado por estudiar este proceso, la ley Saénz Peña hizo posible el pasaje de la república posible a la república verdadera en clave alberdiana. O, para expresarlo en otros términos, incorporó a los derechos civiles protegidos por la Constitución de 1853, los derechos políticos, es decir, los derechos de la ciudadanía. Conviene tener presente que a partir de esta ley en la Argentina empezó a desaparecer la categoría de habitante para dar lugar a la categoría de ciudadano.

Tan importante fue su sanción que la mayoría de los historiadores al periodizar esa época hablan de un antes y un después de la ley Saénz Peña. Sin esa legislación no hubiera sido pensable la democratización del sistema político, la llegada del radicalismo al gobierno en la provincia de Santa Fe en el mismo 1912, la victoria a de Hipólito Yrigoyen en 1916 y la elección del primer senador socialista por la Capital Federal.

La ley fue la respuesta del sector reformista del régimen conservador a los nuevos cambios sociales y políticos. Para 1910, aquellos conservadores advirtieron que el país ya no se podía gobernar como si fuera una aldea. Los cambios eran necesarios y, más que necesarios, inevitables. Lo que propusieron políticos como Saénz Peña,. Gómez, González y el propio Figueroa Alcorta, fue cambiar algo antes de que cambiara todo. Las bombas anarquistas, las revoluciones radicales y las huelgas socialistas daban cuenta de una realidad que debía reformarse. Eso fue lo que hicieron.

Como toda reforma trascendente, la ley estuvo precedida de una negociación ardua y en algún punto compleja. Muchos conservadores recelaban de abrir el sistema de esa manera. Desde la oposición, el escepticismo estaba a la orden del día. Sáenz Peña y sus colaboradores lograron convencer a unos y otros. La ley no sería un salto al vacío. Se respetarían las continuidades institucionales, mientras que a los conservadores más reacios se les prometía la constitución de un verdadero partido conservador democrático y de masas capaz de competir con éxito contra el radicalismo.

La ley fue una de las más progresistas de su tiempo. Hoy pueden observarse límites propios de la mentalidad de esa época, pero en definitiva garantizó el voto universal, secreto y obligatorio. Y se dieron las seguridades institucionales necesarias para constituir un padrón legítimo.

Es verdad que las mujeres no votaban, y tampoco los habitantes de los territorios nacionales. No se promovía una nacionalización acelerada de los inmigrantes, pero con un padrón confiable y el voto secreto el paso más importante estaba dado: el pueblo podía votar. Y la “revolución de las urnas” se hacía realidad.