Boudou debe dar explicaciones
Recientes investigaciones periodísticas apuntan a un amigo de la infancia de Amado Boudou como su testaferro. Por maniobras inusitadas de la Afip y gracias a resoluciones de Guillermo Moreno, Alejandro Vandenbroele se quedó con una empresa quebrada sin que el vicepresidente de la Nación haya ofrecido explicaciones consistentes con su investidura, en el marco de la legalidad por la que debe velar.
Laura Muñoz ofreció testimonio público y dice tener documentación para presentar ante la Justicia. Según sus dichos, su ex esposo -sigue casada con Vandenbroele pero están separados- ocupa gracias a Boudou la presidencia de la Compañía de Valores Sudamericana SA, ex Ciccone Calcográfica.
Esa poderosa imprenta estratégica es capaz de imprimir chequeras, billetes y otros valores que requieren procedimientos especiales para impresos de alta seguridad. El 10 de julio de 2010 la empresa fue declarada en quiebra a pedido de la Afip; el juez en lo comercial Javier Cosentino adjudicó luego la planta en alquiler a Boldt SA, que ofreció mejores condiciones que la Casa de Moneda para operar los talleres.
Desde entonces se sucedieron hechos que necesitan ser investigados. De manera imprevista Ricardo Echegaray, titular de la Afip, pidió que se levantara la quiebra; otro conocido de Boudou, el abogado José María Núñez Carmona, gestionó ante los acreedores de Ciccone que aceptaran una oferta próxima a llegar, y finalmente el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, dictaminó que Boldt no podía quedarse con la imprenta porque asumiría una posición dominante en el mercado.
The Old Fund, presumiblemente manejada por una firma holandesa, hizo depósitos millonarios para quedarse con la imprenta a través de su controlada Compañía de Valores Sudamericana SA. El fondo y la empresa bajo la tutela de Vandenbroele -inscripto como monotributista- realizó inversiones millonarias y contó con otro beneficio de la Afip: una refinanciación extraordinaria de su deuda, a tasas negativas y largo plazo.
Más aún, el organismo a cargo de Ricardo Echegaray desactivó los equipos que investigaban las maniobras con facturas apócrifas de los viejos propietarios de Ciccone, por la cual estaban involucrados en causas judiciales por defraudación al Estado.
A pesar de la contundencia de los hechos verificables, revelados por diversas investigaciones periodísticas que ameritan credibilidad, de la existencia de testigos y eventualmente de documentos que avalen los hechos, hasta ahora la Justicia no ha intervenido en lo que podría configurar un delito de acción pública.
La inoperancia del Ministerio Público alienta fundadas sospechas sobre el sometimiento político de la acción judicial; la prescindencia de la Casa Rosada es consistente, hasta aquí, con la falta de explicaciones políticamente correctas en el caso. Y el silencio del vicepresidente de la Nación es inadmisible, como lo será toda excusa por vía de los fueros parlamentarios para quien tiene la obligación de dar explicaciones, incluso cuando no es el único en este delicado caso.
