editorial

Minería y gobiernos poco confiables

De la noche a la mañana, en la Argentina se instaló el debate sobre la conveniencia, los peligros y la viabilidad de la minería a cielo abierto que, en realidad, no representa una práctica novedosa en el país.

El disparador de la controversia fue, en este caso, la reacción de los pobladores de Famatina, en La Rioja, y las burdas contradicciones de su gobernador, Beder Herrera, quien pasó de criticar a la minería a cielo abierto, a considerarla una técnica segura que representa la única posibilidad de desarrollo para la provincia.

Los reclamos no tardaron en multiplicarse. Pronto comenzaron a surgir protestas en las localidades catamarqueñas de Andalgalá, Tinogasta y en Belén.

Hay distintos enfoques para analizar el tema. El primero se sustenta en una discusión técnico-científica sobre los riesgos y los beneficios de la minería, y sobre las medidas de seguridad para reducir el impacto ambiental. Legalmente, no existe disposición que prohíba la megaminería en la Argentina.

Otra discusión gira sobre la escasa credibilidad de los funcionarios públicos involucrados en el tema. Los antecedentes de políticos como Beder Herrera o el sanjuanino José Luis Gioja, poco ayudan para calmar la ansiedad de los pobladores y brindarles garantías de que no sufrirán las consecuencias de una hipotética contaminación ambiental.

Pero en las últimas horas se produjo una situación inédita que agregó más controversia al tema. En la localidad de Andalgalá, manifestantes defensores de la minería realizaron una especie de contrapiquete y, literalmente, tomaron el control de la ciudad.

Bien organizados, se atribuyeron la potestad de decidir quién podía ingresar y quién estaba en condiciones de abandonar la población. Como si estuvieran investidos de una autoridad que sólo puede otorgar el Estado, realizaron controles sobre los vehículos que circulaban por la zona, solicitaron documentación a quienes viajaban en ellos e impidieron que circulara por el lugar cualquier “sospechoso” de no apoyar la megaminería.

Pero eso no fue todo. Estos manifestantes no sólo prohibieron el ingreso de grupos ambientalistas, sino que también rechazaron la posibilidad de que lo hicieran periodistas enviados por medios de comunicación de alcance nacional. La situación más insólita se produjo cuando impidieron el acceso a la ciudad de Gloria Peña, concejala de Andalgalá por Proyecto Sur.

La policía catamarqueña recibió las denuncias sobre lo que estaba sucediendo, pero sus efectivos reconocieron que nada podían hacer para garantizar el libre tránsito de aquellas personas vedadas por los manifestantes. Los supuestos mineros se adueñaron de la ciudad, frente a la pasividad asombrosa del gobierno catamarqueño.

Un Estado que no puede mantener el control de una ciudad como Andalgalá, difícilmente generará la confianza suficiente para garantizar el control de empresas multinacionales que disponen de recursos millonarios.

La pérdida de autoridad y de credibilidad de los gobernantes representa, sin lugar a dudas, el mayor problema en este debate.