Por el 100%
La UIA reprocha el aumento de las dietas
“No ayuda” a la negociación salarial paritaria, sostuvo su titular.
De la redacción de El Litoral
DyN
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio de Mendiguren, advirtió que “no ayuda” a la negociación salarial paritaria iniciada por los gremios y los empresarios “que el Congreso se suba los salarios el 100 por ciento”.
“De todas maneras, nosotros confiamos en la racionalidad de los diferentes sectores, y la UIA seguirá sin marcar una pauta salarial. No tenemos porcentaje porque lo correcto es que se discuta sector por sector. Obviamente, en este contexto, los empresarios vamos a tener que negociar con más firmeza, pero la relación con los sindicatos sigue siendo buena”, concedió.
En una entrevista publicada hoy por el matutino porteño Tiempo Argentino, De Mendiguren dijo además que “hay un imaginario colectivo de que hay grandes ganancias y mucha rentabilidad (en el sector empresario), y no es así en todos los casos”.
“En un mundo que está en crisis y en el que los países están todo el tiempo haciendo anuncios de ajuste, en la Argentina seguimos discutiendo los modos para realizar subas de salario. Y esto hay que aprovecharlo, siempre pensando en conservar la fuente de trabajo”, advirtió.
Cuando se le preguntó “cómo influye en las negociaciones paritarias el incremento salarial de los diputados y senadores”, respondió: “En este momento, no ayuda que el Congreso se suba los salarios el 100 por ciento, más allá de si el aumento es justo o no”.
Por otra parte, consultado sobre “el desempeño del nuevo sistema de control de importaciones”, De Mendiguren aseguró que “la mayoría (de los directivos de las grandes empresas) me dijo que hasta el momento no ha encontrado dificultades. Pero el tema lo estamos siguiendo día a día”.
Baja nota
En otro orden, Argentina ingresó al bloque de economías “reprimidas”. Así lo evaluó el informe 2012 del centro de investigación estadounidense The Heritage Foundation. La entidad analizó el grado de libertad económica que existe en 185 países y ubicó a la Argentina en el puesto 158.
“Los fundamentos de la libertad económica en la Argentina se han debilitado a la luz de una amplia intrusión del gobierno en los mercados libres. Se ve agravada por la corrupción, la injerencia política, y por la falta de independencia judicial que ha sido severamente erosionada por el gobierno. El gasto público en todos los niveles del gobierno ahora supera en un tercio a la producción nacional total”, sentencia el informe de la entidad de tendencia conservadora.
“Argentina ocupa ahora sólo el puesto 27 de los 29 países en la región de sud, centroamérica y el Caribe y su puntuación general está muy por debajo del promedio regional y mundial”, consignó el centro de investigación. Chile se encuentra en el séptimo lugar y se codea con las economías “mayormente libres”. Por su parte, la Argentina está en el conjunto de economías “reprimidas” al igual que Venezuela.
Operaciones sospechosas
La Unidad de Información Financiera (UIF) reglamentó los plazos y metodología para denunciar operaciones o tentativas de operaciones sospechosas de financiar actividades terroristas o de lavado de dinero.
La resolución 28 publicada hoy en el Boletín Oficial establece un plazo máximo de 48 horas para denunciar la realización o tentativa de operación de parte de personas físicas o jurídicas sospechosas de financiar actividades terroristas.
Las entidades financieras o empresariales o los sujetos que tengan la sospecha pueden consultar la lista de terroristas publicada en el sitio web de la UIF (www.uif.gob.ar). Al recibir la información, la UIF cuenta con un plazo de hasta 48 horas para hacer las averiguaciones y luego del mismo puede disponer el congelamiento de los actos administrativos.
“Cuando sea procedente”, agrega el nuevo reglamento, la UIF “ordenará al Banco Central de la República Argentina, a la Superintendencia de Seguros de la Nación, a la Comisión Nacional de Valores, a los Registros correspondientes y/o a los Organismos que resulten competentes, el congelamiento administrativo de todos los activos vinculados a las acciones delictivas” de financiamiento al terrorismo. Las penas serán de 5 a 15 años de prisión y multa de 2 a 10 veces el monto de la operación.
